Rollin B. Tobie
Con la práctica del gobierno central ha sido continúa la queja de los ciudadanos de las Regiones Autónomas, su imposición de funcionarios del “interior” que desplazan a los autóctonos en ejercer cargos locales; no sólo por el costo estrafalario (básico, viajes, dietas, ubicación, compensación, vacaciones) que esto significa al escuálido presupuesto de los gobiernos regionales, sino también por el hecho de que tales desplazamientos tienen un efecto negativo en la autoestima del costeño.
Un paso positivo hacia la solución de la problemática es el acuerdo firmado con el partido Yatama para el nombramiento de ciudadanos de la Costa en los puestos públicos que le atañen, más equivocado si se pretende imponer una etnia en particular sobre las demás en un ambiente pluriétnico.
Desde la promulgación de la Ley de la Autonomía (#28), ha habido una contradicción en la escogencia de dichos funcionarios con consecuencias negativa desde dos puntos de vista:
a) El funcionario extrarregional aludido que constituye una carga insólita y de costo innecesariamente elevado.
b) El ejecutivo principal, escogido hasta la fecha de acuerdo a los intereses de partidos políticos nacionales, y que ya van tres las ocasiones en que la falta de probidad e ineptitud son los elementos requeridos más notorios entre los asignados, de tal forma pareciese adrede premiar la carencia de facultades con el fin de socavar la autoestima con fines inconfesos.
Nuestro microcosmo aletargado de la Costa Caribe ha sido, y sigue siendo, la víctima más palpable evidenciado por la continúa influencia del “político” cuyo único fin es la permanencia en el ámbito del poder usufructuando el fuero del pueblo y provocando el descalabro social y la depredante miseria.
