- La Corte Suprema de Justicia no lució sus mejores bríos este año, más aún, su saldo quedó en rojo, pues informes de tres de las cuatro salas que la integran indican que existen al menos 197 recursos pendientes de fallo, entre los que está el caso de Agustín Jarquín y el del alza del agua potable
Ary Neil Pantoja [email protected]
Casi al cerrar el año, una supuesta deuda millonaria de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) con la Alcaldía de Managua fue la causa de la crisis en que cayó durante un mes la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero cómo la deuda de una institución a otra pudo provocar tal crisis? El alcalde Herty Lewites introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones en contra de la venta de la empresa de telecomunicaciones.
Dos de los tres magistrados de la Sala Civil número 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua aceptaron el recurso y mandaron a suspender la licitación, sólo unas horas antes de que ésta se llevara a cabo el viernes 31 de agosto; al final, la licitación se ejecutó contraviniendo la resolución. Los representantes de Enitel recurrieron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demandando la invalidez de la resolución del TAM.
La división partidaria dentro del Poder Judicial provocó fuertes roces a lo interno de la CSJ respecto a la acción tomada por el TAM. Las “diferencias” de criterios entre los magistrados de la Sala Constitucional hizo caer a la Corte Suprema en una crisis que se tradujo en un impasse de más de tres semanas. Las actividades se suspendieron totalmente, al punto que estuvo en peligro la elección de nuevas autoridades en ese poder del Estado.
La crisis llegó a su máximo punto el dos de octubre, cuando la entonces presidenta de la Sala Constitucional, Josefina Ramos, llamó a magistrados de otras salas para completar el quórum y emitir en una sola sesión dos resoluciones con las que, por un lado, anuló el recurso del alcalde Lewites contra la empresa telefónica y, por el otro, dejó sin efecto cualquier otro tipo de recurso jurídico que pueda introducir cualquier otra persona, empresa o institución en contra de Enitel.
Las resoluciones son la 161 y la 162. Ambos fallos judiciales agudizaron la crisis de la Corte Suprema, y según los magistrados sandinistas, deberán ser discutidas una vez que regresen de las vacaciones de fin de año.
ZOILAMÉRICA A LA SUPREMA
El secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, sorprendió casi al cierre del 2001 al acudir al Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, para responder a las acusaciones que en su contra interpuso su hijastra Zoilamérica Narváez Murillo por los supuestos delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual.
Después de más de tres años, Ortega renunció a su inmunidad que como diputado ante la Asamblea Nacional tiene, y llegó al Juzgado a “defenderse” de las acusaciones, e introdujo un incidente de prescripción de la acción penal de los delitos que se le imputan. En un tiempo récord de tres días, la juez Juana Méndez aceptó el incidente de prescripción y sobreseyó definitivamente a Ortega.
Antes de eso, la parte acusadora recusó a la juez Méndez, pero la juez subrogante, Ileana Pérez, rechazó la recusación, regresó el expediente a Méndez y ésta emitió su resolución absolutoria. Como era de esperarse, Zoilamérica apeló la sentencia, y ahora el caso se encuentra en el Tribunal de Apelaciones que, de antemano, se espera ratifique el fallo de Méndez.
Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no descartaron la posibilidad de que el caso llegue a la máxima instancia judicial y que, incluso, pueda provocar algún tipo de “nueva crisis”, debido a las posiciones partidarias que podrán primar al momento de emitir una resolución definitiva. Pero aún está pendiente que el Tribunal de Apelaciones emita una resolución al respecto.
EXTRADICIÓN DE MEXICANO
Y aunque cierra con saldo rojo, la CSJ resolvió casos de relevancia, uno de ellos fue el del ex alcalde de Ciudad México, Oscar Espinosa Villarreal, quien fue extraditado a su país previa solicitud del gobierno azteca ante las autoridades nicaragüenses.
Espinosa Villarreal fue requerido por su país tras ser acusado por el delito de peculado; una investigación en México determinó que éste desvió 45 millones de dólares del Distrito Federal hacia fines no muy claros, entre los que se menciona la campaña electoral del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
El juicio por extradición fue tramitado en la Sala Penal, duró unos nueve meses y Espinosa Villarreal estuvo retenido bajo prisión domiciliar, hasta que abandonó el país el 10 de agosto en un avión de la Fiscalía General de la República de México, bajo extremas medidas de seguridad.
RECURSOS SIN FALLAR
A pesar de que el juicio de Espinosa fue seguido hasta en el ámbito internacional y la Corte Suprema fue elogiada por su trabajo en el caso, el Poder Judicial dejó “deudas” pendientes con los nicaragüenses; entre ellas, cuatro recursos en contra del incremento de las tarifas en el servicio de agua potable, que quedaron esperando en las gavetas de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En este caso, ningún funcionario del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) se presentó a los trámites de mediación que citaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso, desobedeciendo un mandato del máximo Tribunal de Justicia. El caso aún está pendiente para el próximo año.
CASACIÓN DE JARQUÍN
La Sala Penal dejó pendiente la emisión de una resolución sobre el recurso de casación que introdujo la Procuraduría General de Justicia en el caso del ex candidato a la Vicepresidencia por el Frente Sandinista, Agustín Jarquín. La casación fue en contra del fallo que emitió la Sala Penal número 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, que exime de responsabilidad a Jarquín en el mencionado caso de “El fantasma Ramón Parrales”.
La Procuraduría de Justicia recurrió de casación, pero la defensa de Jarquín argumentó la caducidad de la misma. Los magistrados de la Sala Penal, nunca se pronunciaron sobre la supuesta caducidad de la casación argumentada por la defensa.
CASOS “NO MUY CLAROS”
Mientras tanto, la Sala Constitucional recibió la mayor parte de recursos. Uno de los que resolvió fue el rechazo de una resolución del Tribunal de Apelaciones de Granada, que admitía que José Antonio Alvarado había recobrado su nacionalidad nicaragüense; sin embargo, los magistrados de la Sala Constitucional consideraron que los magistrados del Tribunal de Apelaciones se extralimitaron en sus funciones. El caso aún está pendiente.
El último caso fue el de la privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel). Las últimas declaraciones del magistrado Rafael Solís Cerda versan sobre la posibilidad de reabrir el caso el próximo año; no obstante, su colega, Josefina Ramos, considera que es un caso cerrado.
Contra la venta de Enitel recurrió de amparo el alcalde de Managua, Herty Lewites, aduciendo que la empresa debía 375 millones de córdobas a la municipalidad en concepto de impuestos.
El Tribunal de Apelaciones aceptó el recurso y ordenó la suspensión de la licitación. La Sala Constitucional de la Corte Suprema, con la magistrada Josefina Ramos al frente, rechazó la resolución del Tribunal de Apelaciones, con lo que “legalizó” la venta de Enitel.
Aún hay un diferendo entre los magistrados de la Sala Constitucional sobre la “legalidad” de las resoluciones 161 y 162, que emitió la sala avalando la licitación. El magistrado Solís insistió en que reabrirán el caso en enero del próximo año.
Este caso sumió al Poder Judicial en una crisis que duró un mes y puso en peligro la elección de nuevas autoridades dentro de la Corte Suprema.
CASO DOROTEA GRANADA
Otro caso que llegó a la Sala Constitucional fue el recurso que introdujo la ciudadana estadounidense Dorotea Granada, quien recurrió en contra de una resolución emitida por el ministro de Gobernación, José Marenco Cardenal, quien le suspendió la visa de residente después de tenerla por más de 10 años. Ante la falta de resolución, Granada tuvo que abandonar el país.
Los médicos pro salario también demandaron de la Sala Constitucional que ejerciera presión sobre la ministra de Salud, Mariángeles Argüello, para que ésta acatara una resolución que esta misma sala emitió, ordenando el reintegro de siete médicos y demás personal hospitalario, que fueron despedidos por participar en una huelga por mejoras salariales. Los médicos no han sido reintegrados, en claro desacato de Argüello a la resolución judicial.
LA CRISIS DE LOS ELECTOS
Finalmente, ocho de los magistrados de la Sala Constitucional resolvieron unánimemente rechazar el recurso de amparo que los tres magistrados sandinistas del Consejo Supremo Electoral (CSE), Emmet Lang, José Luis Villavicencio y José Miguel Córdoba, introdujeron en contra de la oficialización de los resultados electorales el pasado 21 de noviembre.
Los magistrados sandinistas habían recurrido ante el Tribunal de Apelaciones de Managua en contra de sus colegas Roberto Rivas Reyes, Silvio Américo Calderón, Mauricio Montealegre y Jorge Incer Barquero, por haber dado a conocer resultados oficiales electorales sin el debido quórum. La Sala Constitucional del CSJ consideró que se encontraban ante un “hecho consumado”, por lo que rechazaron el recurso.
El caso puso en peligro la toma de posesión de los diputados electos y, por ende, la del Presidente y Vicepresidente electos.
ESTADO DE LAS SALAS
Sala Civil: 343 casos; de los cuales, 119 están en manos de los magistrados listos para fallo; 87 están circulando entre los despachos de los magistrados; 15 pendientes de estudio y 122 en trámites; además ha resuelto 130 casos.
Sala Penal: Según el informe, hasta el 22 de diciembre del 2000, acumuló 360 casos; de los cuales resolvió 287 a través de sentencias definitivas y autos resolutorios. De los restantes 73 casos, 42 están en estudio y citados para sentencia, y los otros 31 están en trámite ante la sala.
Sala Constitucional: Esta sala no ha presentado un informe de su gestión, y LA PRENSA solicitó esa información a través de la Dirección de Relaciones Públicas de la Corte Suprema, pero a la fecha no hubo respuesta.
Sala Contencioso Administrativo: Desde que empezó a funcionar recibió siete demandas, una de las cuales se mandó a archivar; en una más se dictó sentencia y ya fue notificada; una sentencia está pendiente de firma por parte de los magistrados, y cuatro demandas más están en curso, que son las demandas contra el alza en las tarifas del agua potable.
