Gabriela Roa [email protected]
A partir del primero de junio los trabajadores del Estado comenzaron a trabajar de siete de la mañana a dos de la tarde en medio de grandes dudas y críticas de diferentes sectores.
La medida de reducir la jornada laboral del Estado se estableció con el objetivo de disminuir el gasto público, ahorrando en el consumo de los servicios básicos.
Pero, diferentes especialistas, sindicalistas y empresarios criticaron esta medida, la que consideraron que no era una forma eficiente de ahorrar en gastos.
Por el contrario, aseguraron que intentos de gobiernos anteriores no generaron los frutos esperados.
Consideraron que para reducir el gasto público bastaría con disminuir los gastos burocráticos y reordenar algunos ministerios, entre otras medidas.
MEJOR QUITAR MEGASALARIOS
“Con sólo reducir la cuarta parte de los salarios de los altos funcionarios se obtendría un ahorro de 150 millones de córdobas al año”, dijo en su momento el sindicalista Gustavo Porras.
Otros avalaron la medida siempre que se mantuvieran los beneficios a los trabajadores, sus salarios, no se despidiera personal, pero, sobre todo, que no se afectaran los servicios que brinda el Estado.
¿SE AHORRÓ REALMENTE?
Las autoridades siempre mantuvieron su posición de que era necesario reducir en mantenimiento de oficinas 40 millones de córdobas al finalizar el año.
La pregunta que deja el 2001 es: ¿se logró realmente el objetivo planteado? ¿continuará una jornada a medio gas, como popularmente dicen muchos?
En ese tiempo, el ya fallecido presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Roberto Terán, dijo: “No sé si consigan el ahorro que pretenden, porque al contrario, se necesita trabajar más, no menos”.
