AFP
SAN JOSE.- Una airada reacción produjo ayer, en medios políticos y de prensa de Costa Rica, la prohibición por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de un debate entre cuatro aspirantes a la presidencia, que había programado un canal de televisión local para el siete de enero próximo.
La decisión fue calificada por algunos representantes de medios locales como una violación “sumamente grave” a la libertad de prensa, e incluso se hicieron llamados a la “desobediencia civil” desde una columna editorial.
El noticiero de Canal Siete de Televisión (Telenoticias) había invitado a participar en un debate, transmitido en directo, a los cuatro candidatos con mayores posibilidades de triunfo, entre los 13 que se disputarán la presidencia en las elecciones generales del próximo tres de febrero.
Varios candidatos de partidos minoritarios presentaron a mediados de diciembre un recurso de amparo, alegando que su exclusión del debate televisivo constituía una discriminación en su contra y una negación del derecho de los ciudadanos a conocer todas las opciones electorales.
ORDENAN INVITAR A TODOS LOS CANDIDATOS
El argumento fue acogido por tres de los cinco magistrados del TSE, quienes ordenaron al canal de televisión que invite a la totalidad de los aspirantes.
La codirectora de Telenoticias, Pilar Cisneros, calificó la decisión de “tonta”, y explicó que es materialmente imposible organizar un debate sobre temas de fondo con 13 candidatos. “Si participaran los 13, como pretende tontamente el Tribunal, el debate duraría 10 horas”, afirmó Cisneros.
El director del diario La Nación, Eduardo Ulibarri, calificó el fallo como “un gravísimo atentado contra una serie de principios fundamentales en cualquier democracia”.
Este mismo diario afirmó en su editorial que “lo que está en juego, en este caso, son principios básicos, como el alcance del concepto de igualdad y el contenido y amplitud de la libertad de expresión en general”.
“La decisión del TSE ensombrece, lejos de iluminar, nuestra democracia, y nos coloca a las puertas de una dictadura legal de ese organismo contra la autonomía de personas y entidades privadas”, agrega el comentario.
El director del diario Al Día, Edgar Fonseca, dijo que el fallo “es una decisión desafortunada, de abierta interferencia”.
