Ary Neil Pantoja [email protected]
Otro litigio por propiedad, pendiente en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), es el que mantiene el Estado nicaragüense en contra del ciudadano Francisco Lacayo Parajón, quien fue embajador de Nicaragua en Honduras durante el gobierno sandinista. La disputa es sobre una propiedad ubicada en el kilómetro 12 1/2 de la Carretera Sur sobre la cual ya hay un fallo judicial favorable al Estado.
El doctor Orlando Corrales, en representación de Lacayo, apeló la sentencia considerando que su representado adquirió, de “forma legal”, el inmueble; sin embargo, el Estado considera lo contrario. A pesar de que el litigio es entre el Estado y Lacayo, una tercera persona reclama la mitad de la propiedad, aduciendo que Lacayo falseó documentos para adquirir el bien completo.
El señor Miguel Ángel Vanegas sostiene ser el dueño de la mitad de la propiedad, y acepta haber sido confiscado en la otra mitad durante los años 80. La confiscación, según Vanegas, se ejecutó cuando abandonó el país por problemas de salud. Sin embargo, el abogado de Lacayo aduce que Vanegas se fue de Nicaragua porque tenía hipotecada la casa en 300,000 córdobas, algo que es negado por Vanegas.
HISTORIA DEL CONFLICTO
Francisco Lacayo Parajón, actualmente en posesión de la propiedad, argumenta haber adquirido la propiedad a través de compra que realizó en 1989 al Banco de la Vivienda (Bavinic), que entonces tenía a su nombre el inmueble. Según su abogado, Orlando Corrales, Lacayo rentaba la casa desde 1984, hasta que la compró en 1989.
Miguel Ángel Vanegas, por su parte, dijo que Lacayo sólo debía tener la mitad de la propiedad por cuanto la otra mitad le pertenece, ya que, insistió, la vivienda nunca fue confiscada en su totalidad.
ACUSACIONES Y CONTRAACUSACIONES
El Estado es el demandante de la propiedad porque la vivienda continúa bajo custodia del Bavinic. En una resolución, la juez Cuarto de Distrito Civil de Managua, Ruth Chamorro, falló a favor del demandante, es decir, del Estado Nicaragüense, y ordena la devolución de la propiedad; sin embargo, Corrales en representación de Lacayo, apeló la sentencia.
Tras el fallo, Francisco Chamorro denunció presiones por parte de un supuesto oficial de la propiedad de la Embajada de Estados Unidos, a quien identificó como Benjamín Dille; mientras que Miguel Ángel Vanegas, que ostenta la nacionalidad estadounidense, acusó a Lacayo de haber falsificado documentos para obtener las solvencias de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), para quedarse con la propiedad.
No pudimos obtener la versión del supuesto señor Dille, a pesar de que quisimos contactarlo por teléfono.
