La propuesta de ley antipornografía parece tener tres claras facetas interesantes:
1. Es equívoca porque ninguna ley con sus castigos aplicables puede controlar la pornografía. Ésta es producto de aberraciones mentales pervertidas o es una enfermedad sicológica que no se cura con procesos judiciales. La educación social es un instrumento eficaz para reducir la influencia de la pornografía. Organizaciones públicas, privadas, la asociación de consumidores, de padres de familia, de educadores, etc. son entes idóneos e indicados a luchar contra la pornografía reduciéndole su influencia sobre la niñez hasta eliminarla del comercio clandestino o público. La niñez es sagrado futuro de decencia, moralidad y civismo sobre la que se funda la nueva democracia nicaragüense.
2. Si esa propuesta de ley es un atentado solapado contra la libertad de expresión es un caso más grave aún porque atenta contra los mandatos constitucionales. La ciudadanía entera sería corresponsable por permitirla. Es un derecho constitucional del pueblo denunciar e interponer recursos contra cualquier representante suyo que atente contra sus libertades y derechos.
3. Si esa propuesta de ley es una manipulación del mecanismo del Poder Legislativo con fines y propósitos políticos personales, esa acción o abuso de autoridad es un fraude político, premeditado y alevoso que la Contraloría General de la Republica debe investigar hasta las últimas consecuencias.
Cualquiera de las tres facetas aquí mencionadas no deben permitirse porque van contra el interés del pueblo. La norma política debe ser que aquello que no “sea parte del pueblo, creada por el pueblo y para el beneficio único del pueblo” no debe permitirse en este nuevo proceso democrático.
Miguel Soto
Ingeniero y Master en Sistemas en California, USA
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