Néstor Avendaño*
Hoy se acerca de nuevo el fondo monetario internacional (FMI) a Nicaragua para buscar un nuevo acuerdo trienal, el Programa “Servicio para el Crecimiento y la Lucha Contra la Pobreza 2002-2004” (SCLP, o por sus siglas en inglés PRGF: Poverty Reduction and Growth Facility), después del fracaso del PRGF1, por lo cual creo que es necesario que se establezca un diálogo constructivo del gobierno y la sociedad civil con este organismo internacional.
Siempre he opinado que los nicaragüenses que nos representen en ese diálogo sean nicaragüenses que conozcan la pobreza humana de nuestro país, que estén dispuestos a defender los intereses de nosotros y no de aquellos que discuten, como decía el Profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, la calidad de los hoteles de cinco estrellas en que se hospedan en vez de la calidad de vida de la población de los países que visitan para ajustarlos económicamente.
La meta principal que nos impone el FMI es la del aumento de las reservas internacionales, privilegiando el pago de intereses de la deuda externa priorizada sobre las necesidades internas de la población pobre del país. Nicaragua, con un monto anual de exportaciones de bienes y servicios del orden de US$950 millones sólo puede construir reservas sobre un mayor endeudamiento externo y, si éste falla por el incumplimiento de las condicionalidades macroeconómicas y de reforma estructural como hemos observado desde mediados de 1999, la banca central del país las construye sobre un mayor endeudamiento interno.
Este tipo de política nos autoengaña y empobrece más. El FMI debería propiciar un diálogo nacional para diversificar la base exportadora del país, que es un problema estructural tan o más importante que la pesada carga de la deuda externa. Debe impulsar el diálogo a favor de la producción.
Otra meta cuantitativa que persigue el FMI es la reducción del déficit fiscal. No es lo mismo fijar un porcentaje del PIB en concepto del déficit público de un país de mediano ingreso, como México o Costa Rica, que fijarlo para un país pobre muy endeudado, como Nicaragua u Honduras.
Para estos últimos países predomina sobre ese porcentaje la disposición política de la Comunidad Internacional para ayudar a la lucha contra la pobreza. Antes del Huracán Mitch, la Administración del Dr. Alemán había recortado dicho déficit hasta 3.3% del PIB, pero hoy es igual a 13% del PIB por la cooperación externa asociada con la reconstrucción nacional.
Pero en este ámbito, el FMI puede ayudarnos con su asistencia técnica a evitar la corrupción no sólo con los recursos de la ayuda internacional sino también con los ingresos tributarios, con el fin de asegurar la presencia de los donantes y la reducción de la pobreza. Y cabe recordar que, en nombre de la pobreza, un ex-funcionario de la actual administración pública y que hoy continúa laborando en un organismo financiero internacional se embolsó más de un millón de dólares mientras aumentaba el número de pobres en el país. A esto le llamo corrupción con ribetes lícitos, que también se necesita erradicar del país.
Y con el ánimo de reducir el déficit fiscal, siempre aparece en la mesa de negociaciones la posibilidad de aumentar los ingresos gubernamentales mediante el alza de las tasas impositivas, por ejemplo la del Impuesto General al Valor (IGV), o el cobro de aranceles a los usuarios de los servicios públicos en educación y salud. Sería antiético e inhumano seguir imponiendo mayores cargas financieras sobre los hombros de los que aportan gran parte de la producción de este país, más aún reconociendo que la mitad de los nicaragüenses, según el Banco Mundial, tiene un ingreso per cápita diario de un dólar o menos en la actualidad.
Por otro lado, la nueva deuda externa contratada a partir de la última década del siglo pasado, que ya se acerca al 40% del saldo actual que debemos al resto del mundo, crece rápidamente por la vía multilateral ante la restricción del financiamiento interno, que está relacionado con el “aparente” aumento de las reservas internacionales.
El impacto de esta severa restricción, que torpedea cualquier programa acordado con el FMI —por ejemplo, al no existir respaldo financiero interno para enfrentar desastres naturales, atender a poblaciones damnificadas o cumplir con las elecciones generales, fenómenos que no se pueden programar en una hoja monetaria— obliga al país a endeudarse más con el exterior, mejor dicho con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, poniendo en riesgo la futura viabilidad externa que Nicaragua pretende obtener con los beneficios de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). Creo que es conveniente que el FMI reflexione sobre este tema, porque es el responsable, a solicitud del G-7, de fortalecer el vínculo entre la reducción de la deuda externa y la reducción de la pobreza.
Finalmente, los acuerdos acerca de la meta inflacionaria interna se dirigen a aproximarla a la del mercado internacional. Este objetivo no sólo limita sino también impide el crédito a los propietarios de pequeñas empresas agropecuarias e industriales en detrimento de la producción interna. Irónicamente, en este año, mientras la tasa de interés internacional cae vertiginosamente para evitar una mayor recesión económica mundial, en Nicaragua aumenta a pesar que la inflación interna acumulada a noviembre es de 4.8% gracias a la caída de los precios de los combustibles y a la severa restricción monetaria que impera desde finales del primer trimestre de 2000.
Definitivamente, las contracciones monetarias provocan un desastre económico en países pobres muy endeudados. Una probable salida a este problema es que el FMI ayude a eliminar el gasto discrecional y no prioritario del gasto público, el que en la jerga política actual de nuestro país se califica como “secreto”, con el fin de liberar recursos no para la reducción de la pobreza, que tiene garantizada la suma de US$160 millones promedio anual en los próximos tres años por el alivio interino de la Iniciativa HIPC, sino para facilitar la asistencia crediticia y técnica para diversificar y aumentar nuestra base productiva.
* Economista
