- Juez llegó con un bus de antimotines y una pala mecánica. ¡Cuánta eficiencia!
Juan Ignacio Rosales [email protected]
De manera violenta fueron desalojadas tres familias que habitaban una casa ubicada frente al Cementerio Occidental, hasta donde llegó un bus con parte de la Brigada Especial Antimotines y seis patrullas de Policía para apoyar la orden de la jueza Ruth Chamorro.
Marlene Guido Gómez, una de las afectadas, aseguró que la orden de desalojo violenta las leyes, porque “tenemos una orden de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), emitida en 1994, que nos adjudica el terreno”.
“NO ES JUSTO”
Asimismo, aseguró que el 22 del presente mes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público les otorgó una constancia que conforme al artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35-91 y sus ampliaciones, la OOT recibió la solicitud de solvencia a nombre de Cupertino José Guido Soza, otorgándosele el número de expediente 10-06207-86 por la propiedad ubicada en el Barrio Monseñor Lezcano.
Marvin Antonio Delgado González, otro de los afectados, relató que el problema inició en 1995, cuando la señora María Lidia Sirias Orozco, dueña de la ferretería ubicada junto a la propiedad, le compró el terreno al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
“Ella lo que quiere es ampliar su negocio y por eso se lo compró al INSS, que nunca tuvo posesión del terreno que habitamos desde 1968, pero como ella tiene dinero hace todo lo posible para sacarnos del lugar”, indicó.
HABÍA COMPROMISO
El doctor Alfredo Rodríguez, juez ejecutor del desalojo, explicó que los jefes de las tres familias que ocupaban el terreno se comprometieron a desocuparlo el 21 de noviembre.
Pero “cuando llegué a ver si se iban a ir, me estaban esperando con 40 pandilleros armados de piedras y garrotes, quienes me dijeron que no se iban a ir del lugar”, aseguró.
El doctor Rodríguez agregó que tiene un documento que firmaron los jefes de las tres familias, donde se comprometían a abandonar la propiedad de manera pacífica.
Añadió que la ejecución del desalojo se ampara en una sentencia de la Sala Dos del Tribunal de la Propiedad, apoyada en la Ley Reformada de la Propiedad y Agraria, basándose en los artículos 424, 436, 446, 2008 y 2036.
