- El Gobierno emprendió en 1999 una demanda judicial, solicitando la “anulación” de la donación a los Artistas de la Danza, pero luego perdió la oportunidad de apelar, al recibir en donación 14 manzanas del Barrio “Edgard Munguía”
Roberto Fonseca L. [email protected]
El Estado de Nicaragua, a través del Procurador Auxiliar Civil Nacional, intentó “recuperar” la propiedad Santa Feliciana, “donada” a la Asociación de Artistas de la Danza entre febrero y abril de 1990, sin embargo, falló. Una juez declaró “en todo su vigor y fuerza legal” dicha donación y el gobierno no apeló. Por tanto, ahora se considera “cosa juzgada”.
De acuerdo a investigaciones periodísticas, el 7 de julio del 2000, la Juez Quinto Civil de Distrito, Ana Clemencia Corea Ocón, dictó sentencia en el juicio Asociación Artistas de la Danza vs. Estado de Nicaragua, estableciendo tres puntos, entre ellos, “declaró en todo su vigor y fuerza legal” la donación de la propiedad Santa Feliciana, que el Estado le hizo a la Asociación durante el período de transición de gobierno.
En segundo lugar, devolvió 14 manzanas al Estado, del sector conocido como Barrio “Edgard Munguía”, para que la Presidencia de la República cumpliera con la entrega de títulos a los habitantes de dicho asentamiento. A dicha sentencia, según el secretario del juzgado, no la ha apelado nadie; por tanto es sentencia firme, y ya no se puede apelar.
Esto fue corroborado por el licenciado Gerardo Rodríguez, miembro de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua. “Si ya pasaron los tres días para apelar y no se hizo, eso quedó consentido y se dice que pasó a cosa juzgada. Quiere decir que la sentencia es irrebatible, inamovible”, afirmó por la vía telefónica.
“Hay un término de tres días para apelar, si no lo hace, la sentencia queda firme. En el mismo juzgado, en el mismo expediente, ahí aparece. Nada mueve eso ya, nada”, insistió.
¿EL PRECIO DE LA TRANQUILIDAD?
La batalla jurídica entre el Estado y la Asociación de Artistas de la Danza, según se pudo reconstruir, se remonta a inicios de 1998, cuando el Procurador Auxiliar Civil Nacional, licenciado Encarnación Castañeda, solicitó la “anulación de la inscripción del asiento 16” de la finca Santa Feliciana, que corresponde precisamente a la donación hecha a la Asociación de Artistas de la Danza.
Su planteamiento jurídico giró alrededor de que la “donación” correspondía únicamente a 4,735.33 varas cuadradas, sin embargo, se registró la totalidad de la propiedad que pertenecía a Anastasio Somoza y que fue confiscada en julio de 1979, sumando más de 134 manzanas. Por tanto, pidió que se anulara y volviera a manos del Estado. Su interés era conseguir réditos políticos con la entrega de escrituras de propiedad a sus habitantes, por parte del gobierno liberal.
“El Estado actuó de mala fe, demandándonos, quería que le donara (las catorce manzanas) por la vía de la fuerza”, comentó a LA PRENSA la licenciada Sayda Patricia Pérez Leytón, abogada de la Asociación de Artistas de la Danza.
“Lo que querían en definitiva era obtener la donación, para que (el presidente) Alemán apareciera entregando 550 títulos en el Barrio “Edgard Munguía”. Nosotros (la Asociación) nunca nos negamos, por el contrario, es gente de escasos recursos por tanto un proyecto social”, añadió.
Así que acordaron donar las catorce manzanas al Estado y éste a su vez, aceptó la donación, ratificando implícitamente la propiedad de la Asociación de Artistas de la Danza sobre la extensión restante de la finca Santa Feliciana.
Según los datos oficiales de la Intendencia de la Propiedad, registrados en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las escrituras a los habitantes del Barrio “Edgard Munguía” empezaron a otorgarse tímidamente en 1999 (sólo 27), aumentó a 398 en octubre 2000 (después de la querella) y; a junio 2001, sumaban 421 títulos urbanos elaborados y entregados en esa zona. De acuerdo a la sentencia de la juez Corea Ocón, el total de escrituras a elaborar y entregar ahí corresponde a 453 familias.
APELACIONES PROPINÓ OTRO REVÉS
La Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua propinó otro revés jurídico al Procurador Auxiliar Civil Nacional, Encarnación Castañeda, en su batalla jurídica estéril por recuperar el dominio de Santa Feliciana por parte del Estado, ya que en una resolución del 22 de junio del 2001, anuló todo lo actuado por él dado que era al Procurador de la Propiedad a quien le competía solicitar la anulación.
“…No le queda más a esta Sala que revocar la sentencia apelada, declarándose nulo todo lo actuado por el Procurador Auxiliar Civil Nacional, desde la demanda inclusive, presentada a las dos y cincuenta minutos de la tarde del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, sin que sea necesario entrar al conocimiento de los agravios del apelante”, dice textualmente la citada resolución de Apelaciones.
Para la representante legal de la Asociación de Artistas de la Danza, licenciada Sayda Patricia Pérez Leytón, fue una rotunda victoria jurídica. “Quisieron atropellarnos, el Estado nos echó todo, pero los derrotamos. Fue un juicio bonito, debería leerlo”, dijo orgullosa.
