- Resolución tiene “intencionalidad política”, responde Frente Sandinista
Agencias y Redacción Central
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, decidió admitir la queja por denegación de justicia presentada contra el Estado nicaragüense por Zoilamérica Narváez en contra del candidato a la presidencia por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega.
“La decisión de admisibilidad fue aprobada por unanimidad, y no prejuzga sobre el fondo de la denuncia”, dijo ayer el presidente de la CIDH, el jurista chileno-estadounidense Claudio Grossman, a la Agencia Francesa de Prensa, AFP.
Zoilamérica Narváez, de 33 años, hija de Rosario Murillo, esposa de Ortega, acusó penalmente en 1998 al secretario general del partido Frente Sandinista. En esa ocasión el ex mandatario se negó a comparecer ante la justicia, amparándose en su inmunidad como diputado.
Narváez presentó la denuncia ante la CIDH en 1999, después de que el Parlamento de Nicaragua se negó a levantar la inmunidad de Ortega para que pudiera ser juzgado.
“INTENCIONALIDAD POLÍTICA”
El FSLN, que se pronunció a través de una nota de prensa, consideró que la resolución de la CIDH en este contexto responde a una “intencionalidad política” de parte de los liberales “con pretensiones destructivas en el plano humano, familiar y público” en contra del líder sandinista.
“La actualización del tema, en estos momentos a través de la decisión señalada, demuestra que se continúa haciendo un uso político” que intenta perjudicar un proceso nacional.
Al margen de estas declaraciones, Grossman aseguró que en la decisión de la CIDH, que concluyó ayer su 113 período ordinario de sesiones, “no hubo ningún debate político”, en referencia al hecho de que Ortega es candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre próximo.
“La política es algo que no debe figurar en nuestra consideración de los casos”, dijo Grossman. “Nuestro propósito es la despolitización de la protección de los Derechos Humanos”, agregó.
Narváez al brindar declaraciones a una agencia de noticias dijo que la decisión de la CIDH “representa un paso adelante en el esclarecimiento de la verdad y en la búsqueda de justicia que tanto mi agresor como representantes del Gobierno y del Parlamento me negaron”.
También hace dos días desmintió rumores sobre su preferencia política y denunció que sectores oficialistas estaban tratando de manipular su denuncia de abuso sexual con fines electorales.
