- La administración de la comuna dice que están pidiendo más de lo que les corresponde
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Siete de nueve personas que trabajaron entre cuatro y veinte años en la comuna nandaimeña denunciaron que además de despedirlos injustamente, el edil Said Zavala Hanon pretende pagarle sus prestaciones en abonos hasta finalizar los pagos en el año 2004.
Siete de los denunciantes indicaron que fueron cesanteados desde enero de este año por desempeñar cargos de confianza, pero desde entonces han sido infructuosos sus esfuerzos porque les cancelen sus prestaciones.
La Alcaldía admitió que ordenó el despido de siete de los trabajadores porque desempeñaban cargos de confianza y porque, a su juicio, los otros dos no reunían las condiciones de probidad para mantenerlos en el cargo.
Los afectados agregaron que ante la negativa a reconocerles sus derechos acudieron a los tribunales laborales, donde después de varios meses la autoridad judicial ordenó el pago de una indemnización de 120 mil córdobas, correspondientes a los siete cesanteados.
Sin embargo, aseguraron que la resolución los priva de acceder al pago de sus prestaciones sociales, cosa que ellos rechazan por atentar contra sus derechos.
PERMISO ANTE EL MITRAB DESPUÉS DEL DESPIDO
Por su parte, el colector Henry Morales Carballo y Aura Lilliam Duarte, expusieron que primero los despidieron y hasta después solicitaron el permiso al Ministerio del Trabajo. El primero asegura que lo despidieron mientras se encontraba de vacaciones.
Los otros afectados por el despido son Eddy Mendoza Castillo, Luis Peña Vivas, Henry Potosme Carballo, Julio Armando Larios Morales, Rodolfo López Castillo, Eddy Talavera Tamariz y Ángel Márquez.
Gonzalo Carrión, del Despacho Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), aseguró que esperarán que los cesanteados tomen la decisión, para proceder a acusar por desacato al edil Zavala Hanon, porque entre otras cosas, debió despedir a Duarte y Morales hasta haber sido autorizado.
CESANTEADOS PIDEN MUCHO
Carmen María Silva, responsable administrativa de la comuna, dijo a LA PRENSA que siete de los nueve denunciantes están pidiendo más de lo que les corresponde y que si no se les ha cancelado su liquidación es porque cuando en enero fueron notificados de la medida, ellos la rechazaron.
Refirió que ahora que desean recibirla no hay dinero, por lo que deberán esperar hasta enero del año 2002, cuando la comuna disponga del presupuesto de ese año, aunque entonces no les entregarán todo lo que demandan en concepto de indemnización.
En los casos de Morales y Duarte, indicó, no es cierto que hayan sido despedidos sino “suspendidos”, por lo que esperarán que las autoridades laborales den el visto bueno para proceder a correrlos.
