- General López dice aquí en Managua, que su subordinado es un buen oficial
Karla Marenco L. [email protected]
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Honduras, Daniel López Carballo, defendió ayer aquí en Managua, al nuevo general de brigada, Julián González Irías, su segundo al mando, pese a que es buscado por la Policía de ese país por los delitos de estafa y abuso de poder.
El jefe de las fuerzas castrenses de Honduras calificó al general González Irías como “un gran soldado, un gran profesional y un buen oficial”, durante una conferencia brindada al clausurar la IX Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC).
Hasta ayer, González Irías, fungía como subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el segundo al mando de López Carballo.
Versiones cablegráficas señalan que la decisión legislativa fue aprobada la noche del jueves por 126 de los 128 diputados de cinco partidos políticos de ese país.
Agregan que un tribunal de San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, ordenó el viernes a las autoridades capturar a González Irías y a otros tres coroneles y tres capitanes, por estafa continuada y abuso de poder.
El general López Carballo dijo a LA PRENSA que por este caso se dieron instrucciones a la Comisión y División Legal del Instituto de Previsión Militar “para que conozca, coordine y ventile las causas y conozca las diligencias”.
De acuerdo con un cable de AP, López Carballo afirmó que “el caso es investigado por la justicia… y respetaremos su fallo”.
Descartó que este caso dañe la imagen de las Fuerzas Armadas porque, incluso, hace poco una encuesta de Cid Gallup los puso en tercer lugar en credibilidad en ese país.
Los siete militares hondureños mencionados en el caso de supuesta estafa, integraron de 1997 al 2000 el Consejo de Administración de Inversiones Bursátiles, S.A., una de las 18 empresas del IPM o Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Según el tribunal, los oficiales estafaron a unos 100 clientes de la firma por invertir sin autorización los depósitos en empresas quebradas de la costa atlántica hondureña.
Por esos delitos, la ley establece penas de entre 6 a 9 años en prisión.
El jefe de las fuerzas militares hondureñas dijo que en la búsqueda de mejores inversiones en los puestos de bolsas, no sólo el sistema financiero de Honduras tiene problemas, sino que en otros países.
“No es que él (González Irías) ha cometido algún delito que pueda impedir que pueda ser ascendido, es un buen oficial de las Fuerzas Armadas y es mi segundo al mando”, reiteró.
El IPM hondureño ocupa el octavo lugar entre los grupos financieros del país, con un capital superior a los 200 millones de dólares. Opera también una fábrica de cemento, corredoras de bolsas, compañías de seguros, tres radioemisoras, una compañía de publicidad, una funeraria y un cementerio privado.
