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La Procuraduría Especial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas presentará a inicios de octubre los resultados de un estudio sobre las causas y consecuencias de la violencia que se vive en los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita, que componen el llamado Triángulo Minero, en la Región Autónoma del Atlántico Norte.
El reverendo Norman Bent, Procurador Especial, informó que el estudio tiene un costo de 17,000 dólares que aportaron los organismos internacionales Oxfam, de Inglaterra; Kepa, de Finlandia; Solidaridad 44, de Francia; y Save The Children, de Canadá.
Bent confía en que los resultados del estudio identificarán con mayor exactitud las causas de la violencia armada en el Triángulo Minero, y que esto permitirá elaborar planes más concretos para erradicarla.
El Procurador Especial de los pueblos indígenas agregó que el estudio representa una primera etapa para combatir el flagelo. “Un segundo componente es tener pláticas con dirigentes locales; autoridades militares, policiales, y los alcaldes de cada municipio, así como representantes de organismos no gubernamentales que trabajan en la zona”, señaló el reverendo Bent.
Explicó que la reunión con las diferentes autoridades y demás sectores es con el fin de escuchar recomendaciones y propuestas acerca de los resultados del estudio, y, en conjunto, elaborar planes para el combate a la violencia armada que viven los habitantes del Triángulo Minero.
El reverendo Bent expresó que, en vista de que la Procuraduría de Derechos Humanos no es un organismo ejecutor de proyectos, los resultados del estudio serán presentados a los cuatro poderes del Estado y organismos nacionales e internacionales para que, coordinados, se puedan llevar a cabo planes contingentes contra la violencia.
