- Son los que aceptaron recurso de Lewites y ordenaron suspender licitación
Ary Neil Pantoja y Janelys Carrillo [email protected]
Autoridades de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) acusaron por el delito de prevaricato a los magistrados de la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ligia Molina Argüello y Gerardo Rodríguez Olivas. La acusación fue introducida la mañana de ayer ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el representante legal de Enitel, Mario Sequeira Gutiérrez.
Según el documento, Molina y Rodríguez violaron normas legales al emitir una resolución el pasado 31 de agosto, mediante la cual ordenaron la suspensión de la licitación de la empresa telefónica, la que al final se realizó. Los magistrados de la Sala Civil #2 del Tribunal de Apelaciones de Managua, aceptaron, en ese entonces, un recurso de amparo introducido por el alcalde de Managua, Herty Lewites y mandaron suspender la licitación.
En la acusación contra ambos funcionarios, Sequeira argumenta que Molina y Rodríguez cometieron el delito de prevaricato, y cita el artículo 371 del Código Penal vigente que dice: “Cometen prevaricato: 1º El magistrado o juez que conoce, juzga o resuelve contra ley expresa, por soborno, interés personal o desafecto a alguna persona o corporación”.
NORMAS VIOLADAS
Según Sequeira, ambos magistrados violaron varias normas legales al momento de emitir su resolución, entre las que cita el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere a la integración de las salas, así como a la cantidad de votos requeridos para aprobar una resolución. A juicio de Sequeira, ninguna de las dos normas se cumplieron, pues uno de los tres magistrados estaba ausente y sólo dos emitieron y firmaron el fallo.
La resolución, que admite el recurso de amparo del alcalde Lewites, fue firmada por los magistrados Molina Argüello y Rodríguez Olivas, pero no por la tercera integrante de la Sala, magistrada Perla Arróliga Buitrago, quien se encontraba ausente ese día.
MAGISTRADO SE DECLARA PERSEGUIDO POLÍTICO
En tanto, el magistrado Rodríguez Olivas se declaró perseguido político “porque si la presidenta de la Sala Constitucional, Josefina Ramos, admite que la sentencia (emitida a favor de Enitel) es política y ahora montan un juicio con base en esa sentencia, entonces el juicio es político y yo soy un perseguido político”.
Por su parte, la magistrada Molina Argüello manifestó que la acción judicial en su contra es “consecuencia de la resolución dictada por la Sala Constitucional, que deja abierta la posibilidad de que enjuicien a los jueces y magistrados, y lo más grave es el mensaje que se le da a los administradores de justicia, pues de la amenaza pasaron a los hechos”.
Molina Argüello y Rodríguez Olivas negaron que a la magistrada Arróliga se le haya impedido participar de la resolución, y agregaron que ahora sus acusadores deberán probar que ellos cometieron el delito de prevaricato, pues, por su parte, presentarán su defensa a sabiendas de que el mensaje está dado: “El que toque al poder ya sabe a lo que se atiene”.
NORMAS VIOLADAS, SEGÚN ACUSACIÓN
Arto # 31“… Cada Sala estará formada por un número no menor de tres magistrados electos anualmente de entre sus miembros en Corte Plena… para conocer de los asuntos sometidos a su decisión, cada Sala formará quórum con la concurrencia de por lo menos las tres cuartas partes de sus integrantes, y para resolver se requiere del voto coincidente de por lo menos las tres cuartas partes del total de sus miembros…”
Arto # 37 “… Son atribuciones del Presidente de la Sala… Disponer lo pertinente para completar las Salas, cuando por cualquier motivo no se pudiere hacer mayoría para formar quórum o para resolver asuntos sometidos a su consideración…”
Arto # 110 “… Llamamiento para integrar Salas y Dirimir. En caso de impedimento de parte de uno o más Magistrados de los Tribunales, se procederá a integrar Sala con los Magistrados suplentes pertenecientes a las otras Salas…”.
