- Japón insiste en no deportarlo por ser ciudadano japonés
AP
LIMA.- Un juez japonés interrogó al destituido presidente Alberto Fujimori, acerca de sus bienes personales, dijo el miércoles un magistrado de la Corte Suprema.
El juez José Luis Lecaros dijo a la AP que hace dos meses, él formalmente pidió que la justicia japonesa citara a Fujimori para que declarara acerca de su patrimonio personal y que le notificara que cualquier bien que tuviera en Perú podría ser embargado para pagar eventuales multas en el futuro.
Lecaros dictó la semana pasada una orden de captura internacional contra Fujimori por su presunta responsabilidad en dos matanzas perpetradas por un grupo paramilitar a inicios de los años 90. También ordenó que los bienes del ex mandatario fueran congelados hasta un máximo de 3.5 millones de soles, equivalentes de un millón de dólares.
En Japón, el vocero de la Corte de Tokio, Kazuhiro Nakayama, dijo que un juez de la Corte Distrital en ese país había interrogado, en julio o agosto, a Fujimori en una sesión privada, a pedido de las autoridades peruanas.
Nakayama dijo que el tribunal no puede divulgar el contenido del cuestionario al cual Fujimori fue sometido, pero señaló que Japón envió un informe al gobierno peruano, que hizo el pedido en febrero pasado.
Lecaros dijo que ningún reporte ha sido recibido. Indicó que se solicitó a funcionarios de la Corte japonesa en febrero que transmitieran a Fujimori una orden para retornar a Lima a fin de responder a los cargos contra él por abandono de cargo e incumplimiento de deberes.
Fujimori se refugió en Japón, tierra de sus padres, en noviembre, luego que su gobierno de 10 años se vio comprometido en escándalos de corrupción. Obtuvo la nacionalidad japonesa poco después de su llegada.
Fujimori niega haber cometido actos ilícitos y afirma que es víctima de una persecución política. También niega las acusaciones de que posee cuentas millonarias en bancos de Tokio.
Autoridades japonesas dicen que no tienen intención de obligar a Fujimori a retornar a Perú.
Perú y Japón no tienen un tratado de extradición, y las leyes niponas prohíben la extradición de sus ciudadanos para afrontar juicios por crímenes cometidos en otros países.
