Ricardo Martí[email protected]
Felicito a Fabián Medina jefe de Información de LA PRENSA) por su excelente entrevista a la Dra. Blanca Isabel Salgado; Fiscal Electoral de Nicaragua; publicada en la edición del 9 de septiembre.
Me refiero a su pregunta: “Por ejemplo, si el Presidente Alemán en un acto de Estado, montado con dinero del Estado, hace proselitismo a favor de su partido… ¿Esto Ud., lo sanciona?”
Considerando la experiencia profesional del periodista, le ruego respetuosamente que pregunte a cualquier Magistrado del CSE, Fiscal Electoral, Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional: ¿Es o no delito electoral, que el diputado Daniel Ortega, sin haber renunciado a su curul e inmunidad de la Asamblea Nacional, sea:
1- Candidato de su partido FSLN?
2- Que use su inmunidad para agredir y ofender a los otros candidatos, al Presidente Alemán y a cualquier funcionario de Estado, sin correr el riesgo de ser demandado?
3- Que sin asistir a las sesiones siga recibiendo dinero del Estado, léase Impuestos del Pueblo por Salarios, Prestaciones y Prebendas de Diputado?
4- Que use los Cupones de Combustible que le asigna la Asamblea para movilizarse en sus vehículos personales asignados con Libre Introducción de Impuestos (sin pagar impuestos) y hacer proselitismo político a favor de su candidatura presidencial?
5- Y que para sus constantes viajes al exterior, siga usando Pasaporte Oficial del Gobierno de Nicaragua, haciendo su proselitismo político a favor del FSLN?
Los candidatos a Presidente y Vicepresidente del PLC renunciaron a su Cargos en el Gobierno del Presidente Alemán y a su Inmudidad de Funcionarios de Estado. Y el Dr. Saborío, candidato del PC, renunció a su Puesto del Consejo Editorial del Diario LA PRENSA, para no afectar la línea apolítica del Diario de los Nicaragüenses.
Sólo Daniel Ortega, del FSLN, no ha renunciado ni a su Curul de Diputado, ni a su Inmunidad, convirtiendo su candidatura en ventaja política del FSLN en relación a los otros partidos políticos.
Ya es hora que cualquier abogado del PLC y del PC, hagan las denuncias y demandas legales ante el CSE, Corte Suprema Justicia y Asamblea Nacional.
Callar y no actuar los convierte en cómplices del delito del FSLN en perjuicio de todo el pueblo.
