- Presupuesto costarricense contempla un millón de dólares para una eventual demanda contra Nicaragua en La Haya
- Especialista cree que nuestro país debe prepararse para batalla legal
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El Gobierno costarricense asignó un millón de dólares en el Presupuesto General de la República del próximo año para una eventual demanda en un tribunal internacional contra Nicaragua por el derecho a la navegación sobre el Río San Juan, fronterizo entre ambos países, informó la agencia noticiosa ACAN-EFE.
El canciller tico Roberto Rojas, declaró que su presidente, Miguel Ángel Rodríguez, tiene como compromiso dejar resuelta esta situación antes de terminar su período de gobierno, el 8 de mayo próximo.
Sin embargo dijo que no adoptará medida alguna hasta después de las elecciones en Nicaragua del 4 de noviembre, esperando una variación de política del futuro mandatario.
El presidente de la comisión del exterior del Parlamento nicaragüense, Adolfo Calero, declaró que esta mañana abordarán el tema y sentarán una posición durante una reunión que sostendrá con sus colegas diputados.
“Pareciera que los vecinos centroamericanos, con excepción de El Salvador, padecen de un complejo de geófagos”, comentó Calero, refiriéndose al afán de Costa Rica de pretender que guardias armados naveguen libremente por el río nicaragüense.
“Nicaragua tiene problemas económicos y posiblemente Costa Rica se ha aprovechado de esas crisis para salirse con la suya. El dinero para financiar los gastos tenemos que buscarlo, tal vez se consideraría otro impuesto patriótico, si nos obligan a ir a la Corte en forma súbita e inesperada, vamos a tener que defendernos. Su decisión es una amenaza, y como son ellos los que nos van a llevar a la Corte tendrán que aventurarse a pagar todas las costas si pierden el juicio”, advirtió.
En tanto, el especialista en derecho internacional, Manuel Madriz, se pronunció a favor de que el gobierno se prepare para enfrentar esa demanda.
Dijo estar en desacuerdo con las recientes declaraciones del candidato presidencial sandinista, Daniel Ortega, sobre el diferendo con los ticos, porque a su criterio este tema “no debería retomarse en campañas políticas” y debería estar en “bajo perfil”.
Madriz coincidió con Calero en que todos los juicios que enfrenta Nicaragua por Honduras, Colombia y ahora el que interpondría Costa Rica, pueden ganarse.
La disputa por la navegación sobre el Río San Juan comenzó en julio de 1998, cuando el Gobierno de Nicaragua prohibió a policías costarricenses navegar sin permiso previo sobre esa vía fluvial con sus armas de reglamento.
Aunque Nicaragua tiene soberanía sobre este río, que sirve de frontera natural entre las dos naciones, Costa Rica alega que los tratados fronterizos le garantizan el derecho a la libre navegación, mientras que Managua sostiene que ello se limita a fines de comercio.
Tras varios intentos, incluso con la Organización de Estados Americanos (OEA) como “facilitadora”, el diálogo no ha mostrado avance alguno.
FANTASMA CUADRA-LIZANO
Manuel Madriz alertó que Costa Rica podría utilizar en La Haya el Tratado Cuadra-Lizano, suscrito el 30 de julio de 1998 por los entonces ministros Jaime Cuadra y Juan Rafael Lizano, que aunque quedó derogado por nuestras autoridades, Costa Rica cuenta con una copia rubricada por el ex titular de Defensa nicaragüense.
IMPUESTO «PATRIOTICO»
– En abril del año pasado, el presidente Arnoldo Alemán aseguró que si Costa Rica demanda a Nicaragua en La Haya, su gobierno aplicaría a los productos costarricenses que entren al país un arancel similar al que se impuso a Honduras y Colombia.
– En diciembre de 1999, Nicaragua impuso el impuesto del 35 por ciento adicional, denominado “patriótico”, a los productos procedentes de Honduras y Colombia, con cuyas recaudaciones se financia el juicio que interpuso en La Haya contra Honduras, al suscribir ambos países en noviembre del mismo año, el Tratado Ramírez-López que cercena 130 mil kilómetros cuadrados de nuestra plataforma continental.
– Hasta enero del corriente año, Nicaragua había recaudado la suma de 68 millones de córdobas en concepto de la aplicación del impuesto “patriótico”.
