Renato Artiles Mendoza*
Las instituciones se definen como: las leyes, reglamentos, decretos, normas que regulan el funcionamiento de la sociedad.
En la Historia Contemporánea de Nicaragua, podemos identificar períodos de violencia política expresada en cruentas guerras civiles, períodos de paz relativo o ausencia de conflictos armados, pero independientemente la época de las cifras macroeconómicas nos reflejan un profundo atraso socioeconómico y como telón de fondo una precaria estabilidad política.
Mi curiosidad científica ha estado motivada en encontrar una relación entre el rol que deben jugar las instituciones del Estado y el desarrollo económico del país.
En la teoría del Dr. Douglas North premio Nobel de Economía de 1993, nos plantea: “La función principal de las instituciones del Estado en una sociedad, es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable de normas y procedimientos que regulan la sociedad provocando con ello estabilidad política y desarrollo económico”.
¿Las instituciones del Estado en Nicaragua han jugado ese rol que señala el Dr. North?
Analicemos algunos momentos de nuestra historia:
Posteriormente a la Independencia de España y del efímero episodio de anexión a México se produce en Centroamérica en el marco de la Federación Centroamericana un largo período de anarquía, es evidente que las instituciones creadas en este contexto no crearon estabilidad política, por el contrario, fomentaron la anarquía, evidencia de esto es el siguiente dato: en tan sólo 30 años Nicaragua se rige por seis constituciones, a propósito el Dr. Antonio Esgueva nos plantea: “En todas esas constituciones era difícil determinar los límites de la Constitución Federal de Centroamérica y las constituciones de los Estados miembros, originando conflicto a lo interno de los Estados y entre los miembros de la Federación”.
Desafortunadamente en la primera mitad del Siglo XIX, no fue posible crear “las reglas del juego” que permitieran la estabilidad política y como consecuencia el desarrollo económico.
En otro momento de nuestra historia en el marco de la Revolución Liberal de José Santos Zelaya de 1893, podemos observar cambios institucionales en lo social, en lo económico consignados en la Constitución “Libérrima” pero todo se frustra porque no se realizaron cambios institucionales en el sistema político. La Constitución de 1905, (legaliza) la dictadura. El libre juego democrático, el Estado de Derecho, postulados propios de la modernidad están ausentes en este período. Según mi criterio todo el impulso al desarrollo económico que provocó la Revolución Liberal, se frustró ante la incapacidad del régimen para evolucionar hacia una democracia liberal representativa, paradójico por cierto, pero fue realmente lo que sucedió.
En el siglo XX, observamos nuevamente el mismo fenómeno. Los gobiernos liberales de 1936 hasta 1979 en el marco de la dinastía somocista, sin duda tuvieron mucha capacidad de gestión administrativa, y se desarrolló el aparato productivo. Pero nuevamente no se realizaron cambios institucionales en el aspecto político, los acuerdos entre la clase política de 1948 (Acuerdos Cuadra Pasos – Somoza) Los Pactos de los generales de 1950 y el conocido Kupia Kumi (Agüero – Somoza) no contribuyeron a la evolución del sistema político. Para 1979, la dictadura está agotada y todo el impulso económico de la década del cincuenta y sesenta se frustró. Como lo evidencia la historia, cuando los cambios institucionales no se realizan al ritmo apropiado y en la dirección correcta en una visión de la modernización holística, integral en el aspecto económico, político y social las instituciones del Estado, lejos de crear condiciones para el desarrollo económico por el contrario tienen como consecuencia la inestabilidad política y el atraso económico.
Sin duda que esta incongruencia en nuestro concepto de modernización nos explica en parte el círculo vicioso de pobreza, violencia e inestabilidad política presente a lo largo de nuestra historia contemporánea.
* Docente Universidad Politécnica de Nicaragua.
