- Costos se estiman en 60 millones de córdobas anuales
- Efectos adversos en recaudaciones por la vía del Impuesto Específico al Consumo (IEC)
Martha Danelia Corea [email protected]
El contrabando de cigarrillo proveniente principalmente de Panamá, está provocando pérdidas al Fisco y a las empresas legalmente establecidas, por el orden de los cinco millones de córdobas mensuales, informó Denis Rojas, Gerente para Nicaragua de British American Tobacco Central América (Batca).
“Estamos estimando que esto (el contrabando de cigarrillos) está generando una pérdida en recaudación de impuesto del orden de 5 millones de córdobas al mes, estamos hablando de 60 millones de córdobas al año. El impacto es fuertísimo”, comentó.
Esta situación contribuirá a reducir más las recaudaciones del Impuesto Específico de Consumo (IEC), generado por los rones, cervezas, tabaco, gaseosas y petróleo, entre otros.
Este impuesto, según datos de la Dirección General de Ingreso (DGI), sufrió una reducción de 63.8 millones de córdobas durante el primer semestre de 2001 en comparación con el mismo período de 2000.
“En los últimos meses esto (la caída del IEC) se ha aumentado, lo que va a suceder es que las recaudaciones del IEC disminuirán en 5 millones de córdobas adicionales por cada mes producto de este cigarrillo que está entrando”, agregó Rojas.
Los cigarrillos están contemplados dentro de los productos de la llamada industria fiscal, precisamente por la importancia que tiene en la recaudación de impuestos.
“Estamos dentro de los cinco principales productos recaudadores de impuesto y, por lo tanto, cualquier acción ilegal relacionada con importación de cigarrillo definitivamente que va a provocar un bajón en nuestras ventas y, por lo tanto, un bajón en la recaudación de impuesto”, afirmó Rojas.
Durante el primer semestre de 2001, los cigarrillos generaron 46.2 millones de córdobas en impuesto, cifra que se incrementó en aproximadamente 200 por ciento en comparación con el mismo período de 2000 cuando se recaudaron 15.6 millones de córdobas.
Rojas indicó que en Nicaragua sólo existen dos compañías autorizadas para importar cigarrillos: Batca y Phillip Morris, las que se están viendo afectadas con el contrabando, porque el cigarrillo “contrabandeado” está cotizándose en el mercado a un precio inferior al que estas compañías lo colocan.
“Por ejemplo, el (cigarrillo) Delta que nosotros (Batca) tenemos, se vende a 10 córdobas, mientras que el Doral (cigarrillo de contrabando) se vende a 8, lo que afecta nuestras ventas”, ejemplificó.
MECANISMO DE OPERACION
Rojas informó que marcas como Doral, Royale Club, Pine Lights, Modern, Mild, Far Star, son las que están ingresando al mercado nicaragüense a través del contrabando.
“Los contrabandistas deben tener una estructura bien organizada, porque el cigarrillo aparece en todos los principales mercados de Managua. También hemos detectado que los andan vendiendo buhoneros a niveles de pulpería, y eso está afectando el comercio formal”, subrayó.
ROBAN CONTENEDOR
Batca informó que la semana pasada se reportó el robo de un contenedor con 9 millones de cigarrillos. “Era de uno de nuestros competidores que aparentemente iba con destino a Panamá, pero se lo robaron aquí a 40 kilómetros de Managua, un contenedor con placa guatemalteca. Si ese producto aparece en el mercado tendrá un efecto fuertísimo en la recaudación fiscal, y puede representar otros 4 ó 5 millones de córdobas adicionales que se dejarían de percibir ”, anotó Denis Rojas, gerente de la entidad.
LEYES AMENAZADAS
– El representante de Batca, Denis Rojas, resaltó que los cigarrillos que ingresan por contrabando violan la Ley 224 o Ley de Protección de los Derechos Humanos de los No Fumadores.
– Esta Ley establece en su artículo 8 que “en las cajetillas de empaques de cigarrillos o en empaques de otros productos derivados del tabaco, deberá aparecer de manera clara y legible la frase: ‘Fumar es dañino para la Salud’, la que deberá ocupar una cuarta parte de la superficie en que se coloque”.
– “Todos estos cigarrillos no llevan la advertencia que establece la Ley. Eso debería estar siendo regulado y supervisado por las autoridades competentes y la Oficina de Protección del Consumidor”, agregó Rojas.
