- Inquietud por diferencias políticas entre magistrados
(AFP)
MANAGUA.- La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó este miércoles su preocupación por el “escenario” en que se desarrollarán las elecciones generales en Nicaragua, debido a diferencias políticas entre los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
“Creo que la mayor preocupación es el escenario del 4 de noviembre, una preocupación tanto de la OEA como de la mayoría de los integrantes de la comunidad internacional, de los políticos en Nicaragua y de la población en general”, afirmó, en declaraciones a la prensa el representante de la OEA en este país, Sergio Caramagna.
La OEA pidió el pasado 16 de agosto al CSE tomar medidas correctivas para evitar que conflictos políticos entre los siete magistrados retrasen —por falta de quórum— el conteo de votos y la divulgación de los resultados finales.
El CSE sufrió en junio pasado una parálisis de 14 días debido a la negativa de los tres magistrados del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) de asistir a las reuniones y formar el quórum de cinco miembros que se requiere como mínimo para sesionar.
Al respecto, Caramagna señaló que la misión de observadores de la OEA “está dando un seguimiento muy cercano a este tema, procurando el mayor compromiso posible (de parte de los magistrados) para que ese momento (la jornada electoral) se viva con la mayor tranquilidad, y sea un punto verdaderamente de transición”.
El CSE está integrado por tres magistrados sandinistas, tres del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y uno independiente, nombrados el año pasado por el Parlamento en virtud de una reforma constitucional pactada por ambos partidos mayoritarios.
Una misión de observación electoral de la OEA llegó a Nicaragua hace tres meses y está presidida por Santiago Murray.
A las inquietudes por la transparencia y objetividad del proceso, se suma el hecho de que el CSE enfrenta una crisis financiera por un déficit de 200 millones de córdobas (unos 15 millones de dólares) presupuestados para el proceso electoral, y que aún no han sido desembolsados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La falta de recursos ha provocado retrasos en el pago de los empleados y la protesta del sindicato del CSE, que demanda el pago de las cotizaciones para el Seguro Social y de las horas de trabajo extra.
El sindicato protestó, además, contra una medida administrativa anunciada en mayo pasado por los magistrados del CSE, la cual dispone el despido del personal técnico para nombrar en su lugar a funcionarios afines al FSLN y al partido de gobierno.
El sindicato “presentó este miércoles un recurso de amparo contra el CSE por violar el Convenio Colectivo al violar los magistrados los derechos laborales”, afirmó el secretario del sindicato del CSE, Elmer Torres.
Con la resolución, agregó, los magistrados se repartieron “un 50% para el PLC y un 50% para el FSLN los cargos técnicos del Consejo, desplazando a trabajadores con mucha experiencia”.
