- Decisión sin precedentes de Tribunal Supremo
Ana FernándezAFP
BRASILIA.- La histórica decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil de suspender el secreto bancario y fiscal de las cuentas del presidente del Senado Jader Barbalho, que temporalmente dejó su cargo durante la investigación de denuncias de corrupción, amenaza su carrera política.
Por primera vez en la historia, el Tribunal Supremo Federal (TSF) decidió suspender la inmunidad parlamentaria de un senador para que la justicia investigue sus cuentas y su declaración de la renta.
El Poder Judicial permitirá que la Policía Federal ‘peine’ las cuentas del senador entre octubre de 1988 y mayo de 1989 a fin de investigar su supuesta implicación en la compra fraudulenta de Títulos de la Deuda Agraria (TDA) en la época en que era ministro de la Reforma Agraria en el gobierno de José Sarney.
La supuesta compra de TDA se suma a otras denuncias que se ciernen sobre el senador, y que bien pueden dar al traste con su futuro político, por lo menos inmediato.
Elegido el pasado febrero a la presidencia del Senado con el apoyo del presidente Fernando Henrique Cardoso, Barbalho también está acusado de recibir dinero de la extinta Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía (Sudam) y de apropiación de dinero del Banco del Estado de Pará (Banpará) entre octubre 1984 y agosto de 1985, cuando era gobernador.
El fiscal general, Geraldo Brindeiro, ya pidió el martes al TSF que autorice la investigación penal de las denuncias de apropiación de dinero del Banpará, entre octubre 1984 y agosto de 1985.
El pedido del fiscal general se basa en “hechos nuevos”, en particular, la identificación de los 49 beneficiarios del desvío de ese dinero del Banpará, entre ellos Barbalho, y su ex esposa Elcione Barbalho, diputada federal.
En el caso de que el máximo órgano de justicia del país suspenda la inmunidad parlamentaria del senador para que la justicia lo juzgue y compruebe su participación, la pena puede oscilar entre 12 y 16 años de cárcel.
Se sospecha que parte de este dinero —que según cálculos de los procuradores se elevó a 39.1 millones de reales (unos 16 millones de dólares actuales)— podría haber sido utilizado en la campaña electoral del senador.
El Banco Central (BC) —que ya en 1992 había elaborado un informe en el que se ponía de manifiesto la implicación del senador en el desvío de fondos públicos y que en su día fue enterrado por las autoridades de la época— ha proporcionado las informaciones en las que se basa Brindeiro para su pedido.
El fiscal pide que se suspenda el secreto bancario de las personas físicas y jurídicas implicadas en el desvío de recursos, en el período de 1 de enero de 1984 y 30 de junio de 1990 para investigar los movimientos financieros efectuados en ese período.
