Roberto Orozco B. [email protected]
El Ejército de Nicaragua presentó ayer pruebas sobre el involucramiento del Ejército de Honduras en la formación y adiestramiento de civiles en los llamados “Comités de Defensa Ciudadana” y sobre el tiroteo en Leimus (RAAN), el pasado 30 de julio. Con esto, las Fuerzas Armadas refutan el “Estado de paranoia” que, según ese país, sufren las autoridades nicaragüenses.
Entre las pruebas se encuentran la declaración del soldado hondureño, Carlos Alberto Manzanares, quien confirmó la formación de esos grupos paramilitares y, además, cuatro declaraciones juradas ante notario de ciudadanos residentes cerca del puesto de control de embarcación en Leimus, población ubicada sobre la ribera del Río Coco, a unos 35 kilómetros de Waspam, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
El clase (rango militar) Manzanares, jefe del puesto fronterizo de Palo Verde, en Honduras, fue capturado el pasado 10 de julio por tres militares nicaragüenses en el sector de Vado Ancho, Cinco Pinos, Chinandega (Nicaragua).
Antes de ser entregado por el Ejército de Nicaragua al jefe de Migración de El Guasaule, Manzanares dio amplia declaración, en la cual aseguró que desde 1999 se había dado la orden de formar estos grupos.
“El oficial plantea que su misión principal en ese puesto (Palo Verde) era, además de cuidar la frontera, la organización de los Comités de Defensa Ciudadana, ya que el anterior jefe del puesto, de apellido Ayala, no había organizado nada, y que era una orden dada desde 1999”, dice un documento en poder del Ejército de Nicaragua.
“… que una vez los preparan ellos en los puestos (presuntamente a los civiles), otro se encargaba de mandarle a la sede central en Choluteca, donde son entrenados en armas cortas y largas”, señala el mismo documento.
Esta misma tarea, Manzanares la había practicado con anterioridad en la jefatura de los puestos de Yurel, Soledad y San Isidro, del departamento de El Paraíso; y en Choluteca, en las jefaturas de San José y Pespire.
A Manzanares se le identificó con los carnés emitidos por la Dirección General de la Policía Preventiva, Jefatura Departamental Número 8.
EL CASO DE LEIMUS
Las declaraciones juradas que presentó el Ejército fueron hechas ante el abogado y notario, José Isabel Salgado Zelaya.
Anastasio Flores Aragón, juez comunal, declaró haber escuchado los disparos y, como los mismos se realizaron tiro a tiro, pudo “contar hasta 17” que provenían del lado hondureño.
Hipólito Wilson Meza, quien dijo residir casi frente al puesto militar hondureño, confirmó los disparos y, además, declaró que los militares catrachos “siempre ponen una ametralladora apuntando al lado nicaragüense, con la cinta ya puesta”.
