María Antonia López M. [email protected]
A raíz de la decisión de vender el 51 por ciento de las acciones del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), inició una seria discusión que se mantiene hasta nuestros días, sobre la legalidad de la venta de activos del Banic. Surgidas, de un lado, por el reclamo de los ex dueños y, posteriormente, por los informes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), entidad que empieza a analizar la situación tras conocerse los procesos de capitalización que surgieron para estabilizar sus estados financieros.
Agustín Jarquín Anaya, ex Contralor de la República y quien se encargara de las investigaciones del Banic, señaló que hubo incoherencias en el proceso de venta y no quedaban claramente establecidos los procesos de capitalización.
Es por ello que, en 1999, la CGR resuelve que el proceso de venta de activos del Banic es nulo, a lo cual el gobierno responde con un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pero, a raíz de la privatización del Banic, el Banco Mundial realizó un análisis administrativo financiero, en el cual se presume hay muchas referencias sobre posibles malos manejos en la entrega de créditos que violan las normas bancarias nacionales.
El Informe “estrictamente privado y confidencial” que obtuvo en su carácter ejecutivo el Diario LA PRENSA, detalla que la auditoría practicada fue desde diciembre de 1999 a enero del 2000.
El resumen ejecutivo del BM indica que se investigaron ciertas transacciones de crédito y amortizaciones, certificados de pago y bienes que volvieron a ser recuperados y han sido apropiadamente contabilizados de acuerdo con los criterios y estándares de Contabilidad Internacionales.
Los análisis revelaron que efectivamente hubo prácticas irregulares en la entrega de créditos durante el período anterior a la privatización. También señala la alta ineficiencia y mal manejo por ciertos miembros, no nombrados, de la junta directiva.
