Me refiero a la publicación del día 2 del corriente mes, bajo el título “Los jubilados en Nicaragua”, suscrita por la señora Mirna Dávila Castellón, asegurada No. 000066.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Social vigente las pensiones en general que otorga el INSS son de las mejores que se ofrecen en Centroamérica y resto de los países Iberoamericanos por cuanto pueden alcanzar hasta el 100% del salario promedio de los últimos años.
La tragedia que han sufrido nuestros pensionados es a consecuencia de la devaluación monetaria provocada por la hiperinflación incontrolable sufrida durante la década de los años 80 y que al surgir el Córdoba Oro en 1990 se reajustaron todas las pensiones en curso de pago de acuerdo a la Ley Monetaria.
En cuanto a las nuevas pensiones, no se podían calcular de acuerdo a los últimos años totalmente devaluados por lo que se calcularon en base a las cotizaciones anteriores al 31 de diciembre/79 por considerarse una etapa de estabilidad monetaria y solidez que representaba el nivel de vida de cada quien que se tenía en ese momento histórico.
Con relación al marginamiento de las prestaciones médicas a nuestros pensionados fue con motivo de la creación del Sistema Nacional Único de Salud a cargo exclusivo del Ministerio de Salud para atender a toda la población sin discriminación alguna desposeyéndose al INSS de sus propias instalaciones médico hospitalarias que había construido para la atención médica de sus propios asegurados. Igualmente, se dictó el Decreto No. 237 del 2 de enero/80, eliminándose el pago de las cuotas de Seguridad Social para el financiamiento de las prestaciones médicas de los pensionados.
No obstante estos nobles propósitos, su resultado fue totalmente negativo ya que fue notoria la excesiva demanda de salud de toda la población necesitada y enferma agotándose rápidamente los medicamentos e insumos necesarios para exámenes de cualquier naturaleza, además del deterioro generalizado de las instalaciones y equipo médico quirúrgico provocándose más bien un estado de angustia y desesperación en medio de una hiperinflación incontrolable que alcanzó niveles de récord en nuestra América.
Como bien dice la señora Dávila Castellón, toda la tragedia que sufre la mayoría de pensionados fue causada por el fatídico Gobierno Sandinista. No obstante, en el nuevo proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Social se rescata el derecho de los jubilados a la salud.
Al surgir la democracia en 1990 en primer término se revalorizaron las pensiones en curso de pago reajustándolas a los niveles anteriores a 1980 y por otra parte en julio/93 se dicta la Ley No. 160 —que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas— destacándose el incremento de la pensión mínima al Salario Mínimo Industrial Urbano Vigente. Actualmente la pensión mínima es de C$900.00 mensuales más las asignaciones familiares, y además, se específica y reitera la obligación del Ministerio de Salud de proporcionar a los jubilados la atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación completa.
Martín Aguado Argüello,
Presidente Ejecutivo.
