- Investiga actividades sospechosas en varios negocios
Karla Marenco L. yFreddy Potoy [email protected]
La Policía Nacional ha empezado a desarrollar un trabajo de inteligencia criminal sobre negocios con manifestaciones de posible lavado de dinero en Nicaragua, a través distintas empresas que operan en sectores comerciales, financieros y de inversión, confirmó a LA PRENSA una fuente de esa institución.
“Nosotros tenemos mucha información sobre historias de negocios que se instalan, operan un tiempo corto, y luego se levantan proyectos de desarrollo turístico, hoteles vacíos y algunos casinos donde se pueden dar situaciones sospechosas”, dijo uno de los investigadores de la Policía nicaragüense, quien ha recibido capacitación en Centroamérica, Estados Unidos, y de especialistas de Naciones Unidas sobre lavado de dinero y otros delitos conexos.
El oficial, que podría formar parte de la Comisión de Análisis Financiero que establece la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas (Ley 285), indicó que la Policía tiene expedientes abiertos de personas naturales y jurídicas de quienes se sospecha andan en “actividades inhabituales”, “pero para concluirlos necesitamos más información sobre sus relaciones en América Latina y el Caribe, cómo están operando, etc.”.
No existen datos estadísticos de la cantidad de dinero que podría estar siendo legitimado en la región centroamericana, pero cifras internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que anualmente se blanquean en el mundo más de 600 mil millones de dólares provenientes del crimen organizado, lo que equivale a un tercio de las reservas de divisas de todos los bancos centrales.
Según cálculos de la ONU, entre 350 mil y 400 mil millones de dólares son el beneficio del narcotráfico y un gran porcentaje de esos, cuando están blanqueados, se invierten en deuda estatal en varios países.
La fuente policial no precisó cuántas denuncias han recibido sobre actividades sospechosas, como se hace en otros países de la región donde han sido creadas las Unidades de Análisis Financiero con el objetivo de detectar y evacuar actividades sospechosas.
NECESITAN PLATA Y CAPACITACION
En ese sentido, expresó que para crear, desarrollar y fortalecer la Comisión de Análisis Financiero de Nicaragua, se necesita apoyo económico del Estado, y más capacitación sobre lavado de dinero y otros delitos modernos del crimen organizado. “El narcotráfico ahora hace sus operaciones de lavado a través de los medios electrónicos, y si Nicaragua no se prepara, se puede convertir en un paraíso fiscal”, dijo el oficial investigador.
La Comisión de Análisis Financiero debe estar integrada por el subprocurador general de Justicia, un especialista de la Dirección de Investigación de Drogas de la Policía Nacional, un especialista en derecho bancario propuesto por la Superintendencia de Bancos, un administrador o economista, propuesto por el Banco Central, y un auditor de terna propuesta por el Colegio de Contadores Públicos.
Respecto a la falta de creación de la Comisión de Análisis Financiero, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, doctora Alicia Duarte, explicó que se está trabajando en la conformación de esta comisión, y que las instituciones que la deben integrar ya propusieron sus candidatos.
Duarte explicó que en Nicaragua hace falta una ley especial contra el lavado de activos, pues a pesar de las regulaciones de la Ley 285, es necesario una legislación con regulaciones más amplias sobre los controles a entidades que realizan actividades bancarias y financieras del sector formal e informal.
“En esta ley 285 sólo se definen las instituciones financieras, pero no se establecen los controles apropiados que prevengan el lavado de dinero. También se debe regular el procedimiento para la investigación, otorgando específicamente las facultades a las entidades encargadas, como la Policía, la Procuraduría, los jueces, etc.”, dijo Duarte.
La funcionaria señaló que esas facultades son la posibilidad de ordenar el sigilo bancario, ampliación de los medios de prueba, como por ejemplo, la escucha telefónica; “en este último caso se debe hacer una excepción en la ley; no se trata de violar los derechos de los ciudadanos honestos ni de invadir su privacidad, se trata de enfrentar al delito del crimen organizado”, explicó Duarte.
Por otra parte, Duarte confirmó –efectivamente– que Nicaragua desde 1997 forma parte del Grupo de Análisis Financiero del Caribe (Gafic), pero no ha tenido una participación activa dentro del organismo porque debe 32,353 dólares por membresía. Además, también debe pagar 20,000 dólares a la Comisión Centroamericana Permanente Antidrogas para obtener los beneficios de este organismo en la lucha contra el crimen organizado.
COSEP: “HAY QUE EMPEZAR A HACER ALGO”
El tema del lavado no es exclusivo de las entidades gubernamentales, pues el sistema financiero y las empresas privadas también deben aportar su grano de arena.
Un representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que Nicaragua no debe esperar que la actividad del lavado prolifere, porque la economía es débil, existe un alto nivel de pobreza, y aunque la inversión comienza a crecer, también hay que vigilar que ésta sea sana y no de “capitales no deseados”.
Cairo Amador López, asesor del Cosep, dijo a LA PRENSA que “hay que comenzar a hacer algo desde ahora para prevenir el lavado, porque cuando ese problema se nos venga encima será un monstruo. Nuestra economía es tan débil que es proclive a toda clase de situaciones”.
Al consultarle a Amador qué está haciendo la empresa privada para no ser blanco del lavado, respondió que las empresas nacionales están abocadas al mercado interno, y que el problema podría afectar más al sistema financiero.
CONTROL DEL MERCADO INFORMAL
“Por el lado del comercio, donde se podría ver con más crudeza este problema, es a través del financiamiento del contrabando (de mercadería y drogas) y también la subfacturación del mercado informal, que es inmenso”.
Señaló que fácilmente se pueden observar en el mercado informal productos a precios muy por debajo de la realidad, y que podrían ser parte del movimiento de productos comprados con dinero sucio.
“Esto nos afecta porque es una competencia desleal. El Estado no percibe impuestos, y este tipo de transacciones corrompe a particulares y funcionarios públicos que están alrededor de las actividades del comercio, lo cual se va convirtiendo en un cáncer social de inimaginables proporciones”.
