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SANTIAGO DE CHILE.- Unos 100 delincuentes comunes pidieron a los Tribunales de Justicia que les apliquen las mismas normas jurídicas con las que congelaron un juicio criminal contra el ex dictador Augusto Pinochet.
El abogado Cristián Arias y sus colegas de la Corporación de Asistencia Judicial, que atiende gratuitamente, pidieron a la Corte de Apelaciones que favorezca a sus defendidos con las mismas leyes que el lunes paralizaron el juicio de Pinochet.
Arias presentó el escrito en favor de un centenar de delincuentes procesados por homicidio, estafa, violación, robos y hurtos. Dijo que en las próximas semanas se presentarán similares peticiones en favor de un millar de reos.
Dos de los tres jueces de la sexta sala de la Corte de Apelaciones congelaron por razones de demencia el juicio de Pinochet, encausado como encubridor de 57 homicidios y 18 secuestros de prisioneros políticos, en octubre de 1973.
No se pronunciaron sobre su culpabilidad o inocencia.
ARGUMENTOS
La demencia del ex dictador, de 85 años, fue causada por la rotura de vasos sanguíneos en el cerebro, condición que es irreversible y progresiva.
Además de la causal de demencia, los magistrados utilizaron artículos del nuevo Código de Procesamiento Penal, que sólo rige en dos de las 13 regiones administrativas en que está dividido Chile.
Las normas usadas amplían los beneficios para los reos al aplicar, de entre dos códigos, el que más les ayuda. Sin embargo, el Defensor Público, Alex Carocca, afirmó el martes que el fallo es parcialmente inconstitucional, porque se aplicó en el Gran Santiago, donde aún no está vigente.
Los querellantes analizan varios recursos contra el dictamen, y uno se basará precisamente en esa controvertida aplicación del nuevo Código.
CUESTIONAMIENTOS
El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, criticó el jueves a Carocca por cuestionar el fallo.
“Es un funcionario público de confianza del Presidente (Ricardo Lagos), y cuando el Presidente está llamando a respetar el fallo y a reconocer la autonomía y la independencia de los tribunales, parece absolutamente contradictoria la postura del defensor público”, dijo Alvarez.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, de quien depende el Defensor Público, dijo que se reunió con Carocca y le explicó que “es política de este ministerio no comentar resoluciones judiciales y que está prohibido comentar un fallo que aún está en corte”.
No son pocos los abogados, incluso expertos constitucionalistas, que comparten la idea de Carocca de que no se pueden aplicar en Santiago normas que sólo rigen en una ciudad del norte y en otra del sur del país.
