Alfredo Alaniz Downing*
En Nicaragua, como en casi toda América Latina, a la par de un crecimiento económico moderado durante la última década, se han acentuado la pobreza y la desigualdad social.
Esto revela que las políticas neoliberales han tenido resultados mediocres en términos de desarrollo y que el crecimiento económico no ha mejorado la distribución del ingreso ni la creación de riqueza personal; de manera que el deterioro de la calidad y del nivel de vida van más rápidosy que la formación de capital o que el acceso a la educación y el empleo. ¿Cuál debiera ser entonces el verdadero papel del Estado, además de facilitador? ¿No debería ser también más activo y regulador, y tener como objetivo la eficiencia y una mejor articulación entre lo social, que es lo primordial, y lo económico, que lo sustenta?
En los países pobres se observan dos economías: La “moderna”, con grandes unidades y cuyo comportamiento predomina en el análisis teórico aconómico, y la “informal” o “precaria”, con las micro y pequeñas unidades y el autoempleo de subsistencia, generalmente excluida de este análisis. Ambas tienen sus especificidades y leyes de comportamiento económico distintas, como parecen estarlo descubriendo ahora los organismos financieros internacionales al formular sus nuevas propuestas y programas para países pobres, fijan la atención en el gasto hacia el sector social (BIRF) y en fortalecer la capacidad de los pobres de generar ingresos y crear puestos de trabajo (BID), con la finalidad de cerrar la brecha de la equidad (Cepal). Vale decir que en estos programas ocupan un lugar especial la reforma del sistema financiero.
La nueva teoría económica del crecimiento ha llevado a una profunda reflexión sobre el papel esencial que juegan los sistemas financieros en el crecimiento económico, por su carácter de instrumentos optimizadores de la transferencia y reasignación de recursos. El cumplimiento de tales funciones es esencial, pues se percibe que en las economías en desarrollo la acumulación real de ingresos y la formación de capital tienen una correlación más directa con el ahorro y la inversión que con el progreso tecnológico. A mayor volumen de créditos hacia los sectores —moderno y precario—, mayor es el crecimiento promedio del ingreso per cápita. En esta dirección, diversos estudios han venido demostrando que un débil crecimiento puede atribuirse en menor medida a la escasez de capital, que al hecho de no facilitarle los recursos a los agentes económicos con mejores proyectos. Esto se comprueba en el sector de las microfinanzas, por cuanto la productividad marginal de las microempresas es muy superior al nivel medio del mercado, lo cual explica su capacidad de pagar tasas de interés más altas, originadas en la escasez de recursos y en mayores costos de acceso y transacción.
Por tanto, un sistema financiero, por sus propias características, puede obstaculizar el crecimiento económico si afecta la transferencia y distribución eficiente de recursos hacia un universo más amplio de agentes económicos, con proyectos de inversión de mayor rentabilidad y mayor valor agregado relativo, independientemente de su tamaño. La liberalización y desregulación de los sistemas financieros no ha resuelto este problema, en gran medida por falta de una “información simétrica” entre prestatarios y prestamista, lo que acarrea procesos de selección del crédito viciados y con mayores riesgos morales.
La teoría y el pensamiento económico ha ignorado en sus modelos las particularidades del sector informal, como si éste formara parte del sector moderno. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre los fundamentos de ambos universos y la forma de interrelacionarse, puesto que al regirse por leyes y raciocinios económicos propios que diferencian a los agentes económicos, requieren también de políticas públicas diferenciadas.
Un reciente ejemplo de los desaciertos de las políticas públicas hacia el sector precario es la Reforma a la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares, o ley “anti-usura”, cuyos efectos son contrarios a lo esperado. La tasa resultante fijada por decreto, es apenas superior al costo de los recursos contratados por las microfinancieras con la banca comercial e instituciones extranjeras, lo que pone en riesgo su sostenibilidad. Es similar a una ley que, por ejemplo, obligara a los comerciantes minoristas a vender los frijoles al mismo precio que pagan por ellos a los acopiadores y mayoristas. Si ese fuera el caso, los frijoles desaparecerían de los estantes y aparecerían en el mercado negro a un precio extraordinariamente más alto. Los usureros tendrán entonces una mayor demanda, correrán mayores riesgos penales y la tasa de interés subirá, sin que nadie pueda controlarlos, como lo demuestra la escasa jurisprudencia existente sobre este asunto.
Tal imposición violenta además el modelo de economía social de mercado, por cuanto los precios —y en este caso la tasa de interés— deben ser el resultado de la oferta y la demanda. Si el gobierno busca reducir el precio del dinero para el sector precario, debe adoptar políticas públicas que promuevan e incrementen la oferta de crédito; canalizar un mayor volumen de recursos para préstamos; y actuar sobre el entorno con marcos jurídicos e institucionales estables y motivadores para las microfinanzas y la microempresa, con esquemas de incentivos que propicien el aumento del capital y la inversión. Así podremos impulsar el desarrollo y combatir la pobreza.
* Licenciado en Economía, Master en admón. de Empresas.
