- Oficiales del orden público también son blanco fácil de las coimas que ofrecen los púcheres para obtener información
Lucía Vargas C.CORRESPONSAL/[email protected]
Cinco oficiales y un jefe policial se preparan para el registro de una vivienda que ha sido señalada por los vecinos del barrio como expendio de estupefacientes. Son las cinco de la mañana.
Los agentes del orden van a bordo de una camioneta vieja, con un charquito de gasolina en el fondo del tanque y con el alma en la boca, porque aunque están adiestrados para este tipo de acciones la incertidumbre de lo que va a pasar los asusta.
Ya adentro comprueban el delito e incautan unas cuantas bolsitas con polvo blanco y un paquete de piedras, dinero, un arma, cédulas de identidad, prendas de oro y plata, y hasta licencias de conducir de los compradores.
Se disponen a enchachar al hombre y a la mujer que estaban en el inmueble, y luego de unas cuantas preguntas confiesan que comparten vida marital y tienen una charpa de chavalos que mantener.
Aparentemente es un local donde se vende licor, pero la presencia de vehículos de todo tipo a cualquier hora del día y de la madrugada, desde grandes carrazos hasta microbuses de transporte colectivo, motocicletas y peatones que portan mochilas, despierta sospechas de que se trata de un sitio donde se comercializa droga, situación que es comprobada por los agentes que le cayeron de sorpresa.
VENTA DE INFORMACIÓN DEBE PARAR
Sin embargo, en otros casos, los uniformados no han encontrado nada pese a las denuncias, lo que puso al descubierto que la venta de información en ocasiones era responsabilidad de varios agentes policiales que alertaban a los púcheres sobre los quiebres, y frustraban el operativo por unos cuantos billetes.
Estas acciones son preparadas por la jefatura departamental desde inicios de año, en donde han sido detenidos in fraganti muchas personas y luego dejadas a la orden de los jueces, en espera de que la justicia se haga valer. Pero la gran frustración de los pobladores y de la misma Policía se produce cuando los detenidos quedan libres y andan en la calle al día siguiente.
Esta situación ha creado un dilema entre la aplicación de las leyes, la venta de información y la falta de credibilidad en la justicia, entre los pobladores, en cuanto al monstruoso crecimiento de los expendios de alucinógenos en los últimos dos años, muchos de los cuales están a escasos metros de los Juzgados, edificios policiales, escuelas y templos.
SE «SACUDEN» DE OFICIALES CORRUPTOS
En la lucha por depurar la institución de policías que se dedican a la coima, Asuntos Internos inició una investigación que dio como resultado la baja deshonrosa y la privación de sus grados a ocho agentes que se encontraron culpables de alertar a los púcheres antes de los quiebres, lo que fue emitido el pasado 30 de mayo por la comisionada Eva Sacasa.
Entre éstos el capitán Luis Gerardo García Gómez, Jefe del municipio de San Marcos; el teniente Edmundo Morales Gómez, Instructor Policial; José Abraham Mercado, policía y jefe de sector; Domingo Palacios, policía y jefe de sector, quienes estaban en San Marcos.
Además, al teniente Francisco Acuña García, jefe de sector; Bismarck Cerda Jirón, inspector y suboficial; Alejandro Pérez López, jefe de sector; Luis Manuel Pérez, oficial operativo de Diriamba; el inspector Luis Rodolfo Carballo, y la policía Aura Lila Díaz Hernández, de Jinotepe.
Según el comisionado Manuel Roque, el inspector Luis Rodolfo Carballo era el oficial de drogas del departamento, quien estuvo por espacio de diez meses en el cargo, y en ese tiempo los resultados del trabajo fueron nulos. Ésta fue una decisión administrativa de la Policía basada en el arto. 91 de la Ley 228 de la PN, con el fin de limpiar la corrupción a lo interno.
