- Más del 30 por ciento de las mujeres nicas han sido violadas, la mayoría de ellas por un familiar, y, aunque con pocos recursos, las Comisarías para la Mujer realizan esfuerzos para cambiar esta situación, que implica, básicamente, romper con la cultura machista de los nicaragüenses y desafiar las tradiciones patriarcales
Andrea Claudia [email protected]
¿Va a venir o no va a venir? En la Comisaría del Distrito Cinco de Managua, Francis y Denise esperan a su padre. Francis, de 17 años, se mece nerviosa en una silla de la sala de espera. Se truena los dedos. Su bonito vestido color rosa muestra manchas de sudor. “Sólo de pensar en eso me dan ganas de vomitar”, dice a su hermana de catorce años. Ambas tienen cara de funeral, están pálidas. Francis guarda su reloj. “Él tenía que haber venido hace media hora”, agrega con voz de angustia, “ya no creo que venga”. Denise reafirma con un movimiento de cabeza lo dicho por Francis, para ella es un alivio no tener que enfrentar a su padre.
En la Comisaría ayudan a las mujeres que tienen problemas de maltrato dentro de la familia, y por eso en ese local el caso de las hermanas Francis y Denise es muy conocido. La ley dice que las jóvenes tienen derecho de hablar con su padre en un ambiente oficial. Pero no es la primera vez que ellas intentan citar a su progenitor a la Policía, pero él nunca llega. Tiene miedo de presentarse, porque sus hijas le acusan de violación e incesto. La hija mayor, Carolina, ya tiene cuatro hijos de este señor.
Las mujeres policías de la Comisaría se enfrentan diariamente a casos como éste. Aproximadamente la mitad de la población de mujeres nicaragüenses sufren maltrato familiar, y una tercera parte de ellas han sido violadas, según datos del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM). En el 66 por ciento de los casos los violadores pertenecen a la familia de las víctimas, y esa es la razón principal para que muchos de ellos anden tranquilos e impunes. En teoría, los violadores deben sufrir penas de hasta veinte años de cárcel, pero en la práctica muy pocos son condenados.
TODO QUEDA EN EL ÁMBITO PRIVADO
Normalmente los casos de violación se arreglan sin necesidad de acudir a la Policía o a la justicia, lo típico es que el violador ofrezca una compensación a la víctima para que no le ponga una denuncia. Argentina Espinoza, del Centro de Mujeres (IXCHEN), lo explica así: “Muchos padres cuyas hijas han sido violadas ven las cosas de una manera muy práctica, y dicen que lo pasado es pasado. Ellos intentan aprovechar la situación en términos económicos, es decir, aceptan el pago de una cantidad de dinero como indemnización”.
Las Comisarías de la Mujer fueron instaladas en 1992 para que las féminas tuvieran un lugar donde acudir en caso de emergencia. Hoy existe una Comisaría en cada ciudad grande, y la demanda es enorme en las catorce establecidas. Cada día más de una docena de mujeres hacen fila para que las oficiales les ayuden a detener la violencia de sus maridos, compañeros, padres y hermanos. Pero las policías son pocas y están muy ocupadas, tienen que establecer prioridades en su trabajo y sólo pueden atender los casos más drásticos porque no hay capacidad para todos.
UN NUEVO CITATORIO
“Vamos a darle una última posibilidad”, dice Alba Cuaresma, una policía de complexión fuerte. Esta mujer, de 42 años, es la que más experimentada de todas las del grupo de la Comisaría. Luce su uniforme azul con una estrella de metal en el pecho. Tendrá que emitir una tercera citatoria para, en caso de desobediencia, tomar preso al sujeto citado. Se sienta detrás de su máquina y escribe con rabia otra cita. “Mañana por la tarde el hombre estará aquí, o me lo traigo capturado”, amenaza.
Después pide a las hermanas que le den dinero para pagar el taxi que llevará a Jenny, la mensajera de la Comisaría, a dejar la nota. Alba no tiene otra alternativa que pedir para el transporte, porque la Comisaría carece de vehículo propio. La situación financiera de la Comisaría es tan desoladora como la de todas las instituciones del Estado nicaragüense: no hay lápices ni radiocomunicadores ni computadoras en la oficina. Ni siquiera un arma tienen las policías para defender su propia vida.
Sólo con una navaja en su bolsillo la mensajera Jenny se va en el taxi junto con las hermanas. El vehículo las conduce sobre calles polvorientas hasta un barrio pobre de la ciudad donde vive su familia. “Yo no voy a esa casa”, dice Denise, porque precisamente se escapó de ella hace poco. Por eso el taxi se detiene a una cuadra de la vivienda, y Jenny se adentra en unos caminos montosos que la llevan hasta el “inmueble”, que es casucha con techo de zinc pintado en azul y paredes de metal.
Cuando toca a la puerta le abren dos mujeres de caras casi idénticas, una de cuarenta años a la que le faltan los dientes, y otra más joven que tiene un infante en sus brazos y otros dos niños que se agarran a su falda. La mujer mayor explica que su marido no está en casa, pero que ella le va a entregar el documento de la policía. De improviso la mujer empieza a llorar, dice: “Ya sé que no es un buen padre, pero no me pueden arrebatar a todas mis niñas, eso es demasiado”.
La policía intenta calmarla y le dice: “Venga a la Comisaría con él mañana y vamos a hablar tranquilas de todas esas cosas”. La mujer promete que acudirá junto con el marido y la más joven, Carolina, envía saludos a sus hermanas.
“PROPIEDAD” SOBRE LOS HIJOS
No es usual en Nicaragua que una persona “de afuera” se meta en los problemas internos de una familia. Los niños tradicionalmente están considerados como propiedad del padre, y en consecuencia éste tiene derecho de tratarlos como crea conveniente. Los vecinos cierran los ojos ante los problemas ajenos y mucho menos tiene por qué inmiscuirse una institución oficial.
Hay una ley que protege a los menores de 14 años, pero en realidad esta legislación es muy poco usada. En un país donde miles de niñas viven en la calle, se supone que los que tienen casa están más o menos bien
El incesto y la violación estaban considerados como “delitos privados” hasta a principios de los años noventa. Eso quiere decir que la víctima, en cualquier momento, podría perdonar a su agresor. Esta ley se modificó en 1992, y desde entonces la violación es un delito público. “Nuestras leyes vienen desde el tiempo de la Colonia”, dice el abogado Róger Baldizón, quien explica cual es el dilema de la jurisprudencia nicaragüense. “Las leyes eran diseñadas para proteger a los españoles que violaban a las indígenas”. Según Baldizón, los fundamentos de la situación judicial no han cambiado mucho en los últimos cien años.
FRENTE A SU AGRESOR
Al día siguiente a las cuatro en punto Francis y Denise aparecen de nuevo en la Comisaría, esta vez las acompañan su abuela y una tía. Y de nuevo tienen que esperar: ¿Viene o no viene el padre? Hasta que al fin aparece. Es un hombre de rostro indígena, pelo largo agarrado por una cola de caballo. Las mujeres dejan de hablar. Se hace silencio. Denise y Francis bajan la mirada. El hombre sonríe a todas, pero nadie corresponde al gesto. “Hola, ¿qué tal Denise?”, saluda a su hija con una sonrisa demasiado larga. Pero antes que él le pueda darle un beso, ella esconde la cara con sus brazos y lo elude. “¿No te da vergüenza? Dejala en paz, bestia”, lo insulta la abuela en voz alta. Una sonrisa cínica aparece en el rostro del padre de la menor.
Francis y Denise apenas si soportan la presencia del hombre cuando tienen que enfrentarlo en la oficina de Alba. Él ha llevado a su abogada, una mujer alta y elegante, vestida de negro. La policía quiere que Denise le diga a su padre en la cara los cargos que le hace. “Este hombre me maltrata”, dice en voz baja la muchacha, “por eso ya no quiero vivir con él”. Alba le pregunta por qué se escapó de la casa. “Porque me quería violar igual que a todas mis hermanas”.
Francis toma aire para poder hablar. “Eso es correcto”, apoya a su hermana menor, “a mí me ha pasado lo mismo que a Denise. Todos dormíamos en un solo cuarto. Una noche él pidió un vaso de agua y yo fui a la cocina para traérselo. Cuando regresé estaba con mi hermana mayor, Carolina, y después me tocó a mí, ahora a Denise. Pienso que ella tiene que dejar la casa de inmediato”.
Alba le echa una mirada severa al hombre, pero él no dice nada mientras sus hijas cuentan más cosas: “El hombre que está sentado aquí es un enfermo”, acusa Francis. Ni una sola vez le llama padre. Y sigue: “Me golpeó tan fuerte que no me atrevía a llegar a la escuela con mis heridas, también a mi mamá le pegó. Le metía agujas entre los dientes…”. Francis empieza a llorar y su hermana la toma en brazos.
La frente de Alba revela una pequeña arruga de cólera, pero el hombre sigue silencioso, su cara no demuestra ninguna emoción. “Cerdo” –le dice la abuela–, pero el hombre sigue silencioso. No hace ningún esfuerzo para defenderse de las acusaciones, sino que mira a su abogada para que ésta haga algo. La abogada está nerviosa y se da aire con su abanico. De repente se levanta y dice: “Creo que a mí no me necesitan más aquí”. Todos se quedan sorprendidos. “Para mí es muy claro que las muchachas no pueden seguir viviendo en esa casa”. Y dirigiéndose a su cliente le dice: “No tiene remedio, la ley no permite que sus hijas vivan con usted si ellas no quieren. Que le vaya bien”, y se marcha de la oficina.
Alba mete el rostro entre sus dos manos, sabe bien que la situación es complicada. Aunque las acusaciones son fuertes ella no puede retenerlo preso porque debe poseer una prueba del delito, y eso no puede ser porque las huellas de las torturas han desaparecido. La mujer policía tiembla de cólera ante su impotencia, pero amenaza al hombre: “Esperá todo de mí que voy a llevar este caso hasta el fin”.
Sólo cuando él se ha marchado, Alba muestra lágrimas en los ojos, y a las hermanas les promete: “Con la ayuda de ustedes lo vamos a meter en la cárcel como lo merece”. Sólo una condición les pone: “Tienen que pagarme el taxi para proceder a la investigación”.
Agilizar juicios
A pocos días de haber dado a luz y con los pechos cargados de leche fluyendo por su camiseta de color amarillo, Martha se armó de valor y llegó al Instituto Nicaragüense de la Mujer. Nerviosa se sentó en la oficina principal de la directora del INIM, y con el rostro empapado de lágrimas imploró ayuda para que el padre de su hijo le pasara una pensión alimenticia.
Aunque no le compete impulsar los casos en los Juzgados, la asesoría legal del INIM lo tramitó, y un juez obligó al marido de Martha a que le pasara un porcentaje de su salario.
Unas seis mujeres, como Martha, acuden cada mes al INIM buscando ayuda, más que orientación. Muchas siguen las instrucciones de ir a las Comisarías de la Mujer y a organizaciones no gubernamentales, pero otras desesperadas llegan buscando ayuda porque agotaron todas las vías extrajudiciales y no lograron nada.
OPCIONES
En el caso que una mujer sea víctima de violencia intrafamiliar, que implique faltas pero no delitos como tales, tiene la opción de acudir ante un Juez Local del Crimen a interponer la denuncia y éste tiene la obligación de tramitar y resolver el caso.
La Ley 230 “Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar”, establece al menos 11 medidas de seguridad y protección que un Juez Local del Crimen puede determinar, para prevenir que un miembro de la familia sea víctima de un delito por parte de alguien que convive en la misma familia.
¿Y LAS DEMANDAS POR ALIMENTOS?
En el caso de las demandas por alimentos, la opción que tienen las mujeres o los hombres es interponer la misma ante un Juzgado Local Civil de Distrito, que es la instancia judicial competente para conocer y resolverlos.
En la Ley 230 no existe ninguna norma jurídica que determine que debe haber una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve un caso de violencia intrafamiliar, pues existe una ley específica que regula la materia de los alimentos, y eso requiere de otro proceso judicial.
Una demanda de alimentos puede interponerla la persona a título personal (en papel común) o con un representante legal en los Juzgados de lo Civil de Distrito competente. El judicial tendrá que seguir el caso por los trámites del juicio sumario, y fallará con base en el sistema probatorio de acuerdo con lo que el demandado está en la posibilidad de pagar.
El problema es que la mayoría de mujeres no acude a los Juzgados porque no tienen dinero para pagar un abogado
“Tiene que acudir al Juez Civil de Distrito, no hay otra opción. Anteriormente existía el FONIF a través del Ministerio de la Familia, que era el organismo encargado de hacer los arreglos extrajudiciales, mandaban a citar a las personas y ahí mismo podían arreglarse las partes, y si incumplían el FONIF tenía la facultad de ejercer presión y funcionaba sin que las personas tuvieran que recurrir a un juicio engorroso”, expresó la doctora Ena Ortega, asesora del INIM.
Urge Ley de Igualdad
El proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, una vez aprobado por el Poder Legislativo y sancionado por el Presidente de la República, podría ser el primer instrumento jurídico que las mujeres tengan para lograr reducir la brecha de desigualdad, económica, política y social que existe entre las mujeres y hombres nicaragüenses.
Sin embargo, aún no es un tema prioritario en la agenda parlamentaria, a pesar de que ya fue dictaminada por la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia.
El proyecto sigue siendo objeto de análisis y nuevos aportes entre los diversos sectores del país, específicamente entre las mujeres, pues desafortunadamente los hombres no están asistiendo a los debates aunque son invitados.
“Al parecer no les interesa mucho el tema o no les conviene”, comentó una funcionaria de la Red de Mujeres Contra la Violencia en un foro realizado este viernes en el Olof Palme por la Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinosa” (AMLAE).
La diputada Dora Zeledón, creadora del proyecto, explicó que con la Ley de Igualdad de Oportunidades se pretende garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de las mujeres.
Contempla políticas de empleo, crédito, acceso a la propiedad, a la salud integral, a la educación y capacitación para mujeres del campo, la no discriminación en el empleo, y se establecen sanciones para aquéllos que no cumplan con el establecimiento de “igual salario por igual trabajo”, apuntó la diputada.
“Estamos diciendo que el Estado debe contemplar en las instituciones públicas el 40% de cuotas femeninas en los cargos de dirección”, y plantea una reforma a la Ley Electoral para garantizar que las mujeres puedan ser electas en un 40% del total de la lista de los diferentes partidos políticos”.
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