Consuelo [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer el veto presidencial a la “Ley Especial de Exploración y Explotación de Minas”, estableciendo para los inversionistas en un solo contrato las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales.
El diputado costeño, William Schwartz, denunció que el veto gubernamental dejó a discreción de los inversionistas que puedan ceder, traspasar y vender las concesiones de exploración y explotación que les otorgue el Estado nicaragüense.
“La facultad de vender, traspasar, ceder las concesiones incentiva la actividad financiera especulativa, porque muchos de estos empresarios son de maletín, que vienen aquí a conseguir una concesión de exploración para ir a venderla a la bolsa de valores. Por lo tanto, las comunidades costeñas no se beneficiarán con este veto”, dijo Schwartz.
“El veto presidencial dejó en manos de las empresas extranjeras, el recurso minero del país, porque en el caso de la exploración no se establece término fatal para que las empresas inicien el proceso, y deja a su discreción mientras estén pagando el derecho de superficie y eso no contribuye al desarrollo del país, porque lo que a nosotros nos interesa es que los minerales se exploten para que se desarrolle el país”, se lamentó.
Argumentó que con esta decisión, el gobierno eliminó la oportunidad a otros inversionistas que estarían interesados en iniciar un proceso de exploración para detectar el mineral.
Por su parte, el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, fustigó a sus colegas liberales porque después de lograr un consenso para la aprobación de la ley original, respaldaron el veto presidencial.
Castro acusó a la bancada oficialista de estar ahuyentando a los inversionistas con la aprobación del veto presidencial.
TRASPASO DE CONCESIONES
Diputados opositores sostienen que con esta aprobación el recurso minero quedará a expensas de la actividad financiera especulativa. El parlamentario William Schwartz dijo que con el veto se dejó a discreción de los inversionistas que puedan traspasar o vender las concesiones de explotación.
