- “Negociación de intercambio” podría hacer que muchos se quedaran en sus cargos
- Magistrados de la Suprema manejan varias propuestas, según el color de la bandera que cada uno defiende
Ary Neil [email protected]
Según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, de los 27 magistrados de los Tribunales de Apelaciones, cuyo período vence el tres de julio, 22 son sandinistas y cinco simpatizan con otros partidos políticos. La misma fuente indicó que el 93% de la justicia nicaragüense, en materia penal, es controlada por sandinistas.
Ambas aseveraciones fueron rechazadas por el magistrado Rafael Solís, quien no oculta su simpatía por el partido Frente Sandinista, y aseguró que su intención es “despolitizar” la elección de los magistrados de los tribunales de apelaciones.
LOS PODEROSOS
Arturo Cuadra considera que su reelección no depende de los actuales diputados, confiando en que el próximo año serán “otros” los que decidirán sobre tal situación. “Cuando me toque mi reelección veré la nueva composición de la Asamblea Nacional y del gobierno, porque serán otros (los que decidirán)”, reiteró.
Quienes concluyen su período el próximo año son el actual presidente del Poder Judicial, Francisco Plata; Josefina Ramos, presidenta de la Sala Constitucional; Julio Ramón García Vílchez, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo; Kent Henríquez, presidente de la Sala Civil, y el presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Arturo Cuadra Ortegaray, quien no ocultó su satisfacción por una posible reelección.
Según el magistrado Carlos Guerra, en estos cinco magistrados (cuatro de ellos señalados como liberales) recae “el poder de decisión” de la CSJ. “El cargo que ostenta cada uno de ellos constituye el eje de poder, el corazón de la Corte; los que toman las decisiones en esta Corte”. Solamente la Sala Penal de la Corte está en manos sandinistas, representados por su presidente Marvin Aguilar.
ESPERAR a NOVIEMBRE
Algunos magistrados consideran que el interés de Solís en reelegir a los magistrados de los tribunales de apelaciones es que la mayoría (22) son de tendencia sandinista. “Todos han realizado un buen trabajo. Independientemente del partido con el que tengan simpatía, considero que la mejor decisión es reelegirlos”, expresó Solís.
A diferencia de Solís, Cuadra Ortegaray cree innecesaria una “negociación de intercambio”, y prefirió esperar los resultados electorales de noviembre, en referencia a la reelección de magistrados de la Corte Suprema a cambio de reelección en los tribunales de apelaciones.
PROMOVER A JUECES
Aunque Rafael Solís insiste en reelegir a los actuales magistrados de los tribunales de apelaciones, propone como alternativa la promoción de jueces de distrito al cargo; mientras que su colega Arturo Cuadra cree que lo mejor sería elegir a nuevos magistrados entre los “miles de abogados” que hay en el país.
LA PRENSA pudo conocer que entre las propuestas existentes para magistrado de tribunales de apelaciones sobresale la del doctor Sergio Cuarezma Terán, uno de los mayores críticos del sistema judicial, impulsador del Código de la Niñez y la Adolescencia, y coautor del proyecto de Reforma al Código Penal.
Cuarezma se ha declarado apartidista y en algunas ocasiones ha dicho que no le interesa ningún cargo dentro del Poder Judicial. El magistrado que apoya la candidatura de Cuarezma dijo que espera la oportunidad para presentar su propuesta al pleno de la Corte.
De cualquier manera, según Rafael Solís, a más tardar el lunes dos de julio deberán estar electos los sustitutos de los 27 magistrados.
Cuadra Ortegaray asegura que en la presente semana podría reunirse la Corte Suprema en pleno para iniciar las discusiones de posibles candidatos.
PREVÉN CRISIS
Los magistrados insisten en que no habrá crisis alguna dentro de los tribunales; sin embargo Rafael Solís asegura que, conforme a la Ley Orgánica, el tres de julio los magistrados no deberían ni de llegar a sus oficinas.
De llegarse a tal fecha sin elegir a los magistrados, Solís propone que los actuales continúen en el cargo ejerciendo funciones meramente administrativas, mas no jurídicas, “porque la Ley lo prohíbe”.
Solís considera que podría haber una parálisis en los Tribunales de Apelaciones “porque ahí se ventilan los recursos de todo tipo”.
