- Desde hace diez años la UCA intenta por la vía del diálogo que le restituyan, compensen o arrienden parte del terreno donde funciona la UNI y que el gobierno sandinista le quitó en los años 80 en calidad de “préstamo”
- El gobierno actual guarda silencio, mientras dos de las universidades más importantes del país están enredadas en un lío de propiedad que poco a poco menoscaba sus relaciones académicas
Karla Marenco [email protected]
Diecisiete años han pasado desde que la Universidad Centroamericana (UCA) fue víctima en silencio del abuso de poder al ser despojada por el gobierno sandinista de una porción de su patrimonio, por lo que ahora exige la restitución de una parte de la propiedad donde funciona la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
De acuerdo a investigaciones de LA PRENSA, las partes se han sentado a negociar una y otra vez en los últimos diez años y la UCA incluso solicitó muy tímidamente que el gobierno dirima este asunto, pero todo ha sido en vano.
El terreno en disputa tiene una extensión de 40,000 varas cuadradas, equivalentes a cuatro manzanas, de las 17 que tiene en total el campus de la UNI.
Según investigaciones registrales y catastrales de LA PRENSA, el dueño absoluto de la propiedad efectivamente es la UCA y nadie más.
La propiedad fue asignada por el gobierno sandinista en 1983 a la UNI, con el argumento para la UCA de que sería “un préstamo temporal”, para mientras se construían las instalaciones de la universidad estatal.
El vicerrector académico de la UCA, Juan Roberto Zarruck, explicó a LA PRENSA que el terreno en conflicto no fue expropiado, ni confiscado y tampoco declarado de utilidad pública por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, sino que sencillamente fue tomado en calidad de “préstamo”, pero la propiedad nunca regresó a sus legítimos dueños.
ORIGEN DEL CONFLICTO
Este lío legal se remonta a 1983, año en el que la Junta de Gobierno decide fusionar todas las carreras de ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que había sido creada en febrero de ese mismo año bajo el Decreto Ley No. 1234, firmado por el comandante Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Rafael Córdoba.
Para poner a funcionar todas las ingenierías en la nueva universidad, el gobierno de esa época decidió unilateralmente “tomar prestado” el terreno con una extensión de cuatro manzanas y el edificio de lo que fue el antiguo colegio “La Inmaculada”.
Según las escrituras en poder de LA PRENSA, la propiedad fue comprada en 1981 por las autoridades de la UCA a la Congregación de Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, quienes se la habían comprado a la sucesión Somoza. El terreno era parte de lo que originalmente se le conoció como la Finca “Santa Feliciana”.
Cuando el gobierno decide la fusión de las carreras de ingeniería, quien se encargó de coordinar el traslado de las ingenierías que funcionaban en la UNAN y la UCA fue el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), doctor Joaquín Solís Piura.
CONFRONTAR NO ERA CONVENIENTE
LA PRENSA intentó conversar con el doctor Solís Piura, pero se encuentra fuera del país por varias semanas.
El CNES, según su ley creadora, tenía dentro de sus atribuciones modificar la estructura de las universidades y demás centros de educación superior, creando o eliminando facultades o carreras con el objetivo de lograr la racionalidad en el esfuerzo educativo.
Entonces la UCA no se opuso a la decisión gubernamental porque no era conveniente hacerlo por la situación política, dejó entrever el vicerrector académico Juan Roberto Zarruck. Además, se suponía que la ocupación del terreno era temporal para mientras se construían las instalaciones donde funcionaría la UNI, pero eso nunca fue posible.
Zarruck explicó que en esa transformación la UCA perdió 2,000 alumnos de las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, química, computación, ingeniería industrial y mecánica, porque esta última pasó a ser parte del Instituto Técnico Superior “Pedro Arauz Palacios” (ITESPAP).
Durante el gobierno sandinista las autoridades de la UCA no pudieron recuperar la propiedad, porque la situación económica y política era muy difícil y no era pertinente confrontar a las autoridades.
De acuerdo a Zarruck, la UCA nunca autorizó de forma expresa a las autoridades de la UNI para realizar mejoras, inversiones o nuevas construcciones en el inmueble, pero las autoridades de la UNI alegan que fue el gobierno el que les asignó la propiedad para que formara parte de su patrimonio, por lo que han realizado las inversiones que consideran pertinentes.
Indirectamente, por medio de comunicaciones escritas en poder de LA PRENSA, y algunas reuniones entre las partes, la UNI ha reconocido el dominio que tiene la UCA sobre la propiedad, pero también ellos alegan que seguirán usando las instalaciones porque fue el Estado el que los puso donde están y en todo caso tendría que ser el gobierno el que dirima este problema.
“Pero el Estado los puso allí ilegalmente porque ni siquiera les dio eso en propiedad. Nos la tuvieron que quitar (legalmente) y nunca lo hizo; dijeron que ellos iban a estar ahí para mientras y ese para mientras lleva 17 años”, señaló Zarruck.
EVITAN ACCIONES JUDICIALES
Según Zarruck, la UCA quiere evitar a toda costa entablar acciones judiciales porque no quieren afectar a los estudiantes y mucho menos al país. “Nosotros queremos que se reconozca nuestro derecho: el dominio que tiene la UCA sobre la propiedad”, indicó.
En el mejor de los casos, la UCA pretende que el gobierno a través de la UNI compre o arriende la propiedad, cuyo valor mínimo es mayor de 1.3 millones de dólares, pero su valor en el mercado sobrepasa los 3.9 millones de dólares, por lo que se tendría que negociar el precio.
Zarruck aseguró que el gobierno tiene conocimiento del problema, pero nunca ha dicho una sola palabra. LA PRENSA intentó obtener información con Asesoría Legal de la Presidencia de la República y con la Dirección de Intendencia de Propiedad del Ministerio de Finanzas, pero nos dijeron que nos podrían dar información hasta esta semana.
Cartas van, cartas vienen
El 30 de septiembre de 1998, el asesor legal de la UCA, doctor Ernesto Castillo, envió una carta al nuevo rector de la UNI, ingeniero Mario José Caldera, en la que le informa que tras haber realizado un análisis global de la situación jurídica del patrimonio de la UCA, encontró que parte del inmueble donde permanece la UNI le pertenece a su representada, por lo que solicitó buscar los mecanismos adecuados para arreglar el problema.
Ante la ausencia del rector, la ingeniera Marcia Vargas Hernández, rectora por la ley, respondió con otra carta con fecha 5 de octubre, en que le transmite la disponibilidad de la Rectoría de abordar el problema y encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes. Pero no hubo ningún acercamiento.
El 18 de noviembre de 1998, el actual rector de la UNI, ingeniero Mario Caldera Alfaro, envió una carta al rector de la UCA, padre Eduardo Valdés Barria, en la que le expresa que recibió la correspondencia de la asesoría legal de la UCA y que estaban anuentes a comenzar el proceso de negociación sobre los terrenos en conflicto.
“Por nuestra parte considero que podemos llegar a soluciones viables, ya que ambos estamos interesados en encontrarlas”, sostiene la misiva del rector de la UNI.
La primera reunión se realizó el viernes 20 de noviembre a las 9:00 a.m., en ella estuvieron presentes por parte de la UNI el Ing. Aldo Urbina Villalta, vicerrector administrativo, y por parte de la UCA el doctor Ernesto Castillo.
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
Posteriormente, la UCA interpuso un juicio de deslinde y amojonamiento en el Juzgado Sexto Civil de Distrito de Managua, para que se determinaran las líneas de demarcación de la parte norte de la propiedad de la UCA que colinda con un terreno propiedad de la UNI, de un poco más de 13 manzanas.
La UNI obtuvo el terreno por una donación en cumplimiento de la Ley que le hizo la Alcaldía de Managua en abril de 1990, en cumplimiento de la Ley 85, según escritura pública realizada por la doctora Ángela Arellano Vega.
La propiedad fue inscrita en las Sección de Derechos Reales del Registro Público de Managua, el 28 de agosto de ese mismo año, con el número 100,884-A, tomo 1688, folio 90, asiento número 1.
La judicial procedió a realizar el deslinde y amojonamiento el 10 de diciembre del 98, junto con el perito agrimensor Jorge Luis Maldonado. En el acto estuvo presente la apoderada especial judicial de la UCA, Tania Elena Pacheco, pero las autoridades de la UNI no asistieron al mismo.
El acta de deslinde y amojonamiento fue enviada por las autoridades de la UCA a la UNI, las conversaciones continuaron y hasta se discutieron varios borradores de acuerdos, pero nunca fueron firmados.
Tampoco fue firmado el último borrador de acuerdos enviado por el vicerrector académico Aldo Urbina, al asesor legal de la UCA el 29 de septiembre de 1999, donde se proponía la conformación de una comisión integrada por ambas universidades, con amplias facultades para dirimir el problema.
Una historia legal interesante
LA PRENSA revisó la historia registral de la propiedad que la UCA reclama a la UNI, encontrado una madeja legal interesante.
Todo comenzó en el año 1926 cuando el gobierno de la República de Nicaragua donó a Sor Pía de La Inmaculada, de la Congregación de Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, un predio situado en la Intersección de la Avenida Central con la Calle Quince de Septiembre, esquina suroriental, donde funcionó primero el Colegio de Señoritas “La Inmaculada”.
La donación la hizo el gobierno con la condición de que la propiedad fuera destinada siempre para el local del colegio, de lo contrario el edificio volvería al poder del Estado o Gobierno de la República.
Varias décadas después, la Congregación solicitó al gobierno traspasar la condición resolutoria a otro inmueble que habían comprado en 1967 a la sucesión Somoza (propiedad reclamada por la UCA a la UNI), valorado en un millón de córdobas en aquella época.
El 30 de enero de 1969, a través del Decreto Legislativo número 1552, se autorizó al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la condición impuesta a la propiedad donada a las misioneras fuera transferida a dos de las cuatro manzanas que la congregación le había comprado a la sucesión Somoza.
En 1972 ocurre el terremoto y el edificio de “La Inmaculada” sufre serios daños.
Con el triunfo de la Revolución en 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional deja sin efecto la condición que pendía sobre la propiedad de las hermanas a través del Decreto 727, publicado en La Gaceta No. 110 del 22 de mayo de 1981.
Dos meses más tarde, sor María Barbagallo, en su calidad de representante legal del Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, vendió la propiedad a la UCA, según consta en escritura pública número ocho, autorizada en Managua a las cinco de la tarde del 29 de julio de 1981, por el doctor Guillermo Vargas Sandino, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el testimonio fue inscrito hasta 10 años después, el 15 de abril de 1991 con el número 52,656, tomo 782, folios 105 y 109, asiento tercero columna de Inscripciones, sección de Derechos Reales del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua.
Año con año la UCA ha solicitado certificados al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua que hacen constar que el dominio de la propiedad descrita antes les pertenece y no existe ningún otro dueño.
Intentos frustrados
Desde 1992 las autoridades de la UCA y la UNI han intentado ponerle punto final a este conflicto de propiedad con los diferentes rectores que han pasado por la UNI, entre ellos el arquitecto Edgard Herrera y el ingeniero Arturo Collado.
El 13 de octubre de 1995 el rector de la UNI, Arturo Collado y el rector de la UCA, padre Xavier Gorostiaga, estuvieron a punto de firmar un acuerdo único con el que iniciarían gestiones ante el gobierno para obtener recursos estatales para que la UCA obtuviera una compensación por los terrenos, pero nada.
Las últimas negociaciones ocurrieron en 1998 y 1999 por medio de cartas, reuniones y propuestas de actas de acuerdos, que no llegaron a firmarse por diversas razones.
Asimismo, el actual rector de la UCA, padre Eduardo Valdés Barria, interpuso una acción de Absolución de Posiciones en el Juzgado Sexto Civil de Distrito de Managua, para que el rector y vicerrector de la UNI comparecieran a responder un pliego de preguntas en forma positiva sobre las mencionadas reuniones y cartas.
Los ingenieros Mario Caldera y Aldo Urbina comparecieron ante el juzgado en mención el pasado 31 de mayo y en una gran parte de las preguntas que les hicieron en forma positiva sobre el contenido de las cartas enviadas y las reuniones sostenidas, éstos respondieron no acordarse de números, fechas y contenidos.
La acción de absolución de posiciones es una diligencia prejudicial donde el juez hace una serie de preguntas a una de las partes, las cuales están redactadas en forma afirmativa para que reconozca una deuda u otra cosa, lo cual está regulado en los artículos 1200 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
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