- Consejo no sesiona porque magistrados sandinistas se niegan a hacer quórum en la reunión que decidiría si el candidato conservador pasa o no
- Extraoficialmente se sabe que liberales ya tienen los cuatro votos que lo inhibirían
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La suerte del candidato a la vicepresidencia por el Partido Conservador, José Antonio Alvarado, mantiene divididos a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, órgano que hasta anoche no lograba sesionar porque los de filiación sandinista se negaban a hacer quórum en la sesión que, se conoció extraoficialmente, inhibiría al candidato verde.
El Consejo Supremo Electoral tiene siete magistrados, tres de los cuales son liberales, otros tres sandinistas y uno que aunque no se define partidariamente vota con los primeros. Para hacer quórum se necesitan cinco magistrados, pero la inhibición o no de un candidato se decide con al menos cuatro de los siete votos. Extraoficialmente se supo que los tres liberales, más el presidente, Roberto Rivas, votarían a favor de la inhibición de Alvarado.
Roberto Rivas, alberga la esperanza de que la situación pueda superarse esta mañana en la continuación de la sesión.
Los magistrados liberales sostienen que Alvarado no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Electoral porque presentó documentación falsificada, y cuestionan una supuesta posesión de tres partidas de nacimiento.
En tanto, los sandinistas alegan lo contrario y se oponen a su inhibición. Además, dicen que la fase de verificación de las calidades no los faculta a hacerlo, y en caso de que no cumpla con los requisitos, tal situación podría ser superada aplicando el artículo 84 de la Ley Electoral, que consigna subsanar los vacíos legales.
El magistrado Silvio Calderón amenazó a sus homólogos sandinistas con la intervención de la Fiscalía para que ésta investigue la situación del CSE y aplique el artículo 131 de la Constitución, argumentando que están ocasionando daño al Estado.
Dicho artículo establece en su último párrafo: “Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones, deben atender y escuchar sus problemas y resolverlos, además, son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por omisión en el ejercicio del cargo. Los funcionarios serán responsables con su propio patrimonio por el daño que le causare”.
Rivas reaccionó cauteloso y dijo que esa era la opinión de Calderón. “Yo pienso que no debemos de ir a esos extremos y a lo mejor no procede, yo tendría que hacer una consulta legal a profundidad y no me parecería que éste sea el caso en este momento”, agregó.
Villavicencio estimó que la resolución de las calidades de los candidatos podría ser superada mandando a publicar la lista preliminar, para entrar a la fase de la impugnación que se extiende del 9 al 12 de junio, para continuar con el cumplimiento del calendario electoral.
La fórmula presidencial del Partido Conservador, integrada por Noel Vidaurre y Alvarado, estuvo expectante en su segundo día de vigilia frente a las instalaciones del CSE, a la espera de la resolución de los magistrados, hasta donde recibieron la solidaridad de personalidades como Antonio Lacayo, Cristiana Chamorro, y diputados sandinistas de las comisiones de Salud y Derechos Humanos, entre otros.
¿CASO A PROCURADURIA?
El enfrentamiento en el CSE subió de tono ayer cuando el magistrado Silvio Calderón acusó a sus colegas sandinistas de ausentarse intencionalmente para no asistir a las sesiones convocadas, y amenazó con la intervención de la Fiscalía para que ésta investigue la situación del CSE y aplique el artículo 131 de la Constitución, argumentando que están ocasionando daño al Estado.
¿DEBATE LEGAL O POLITICO?
– Los magistrados liberales intentan inhibir de oficio a Alvarado, sustentándose en el artículo 77, inciso 8, de la Ley Electoral, que señala que: “Aquellos ciudadanos que hubiesen renunciado a otra nacionalidad antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán presentar copia de La Gaceta, Diario Oficial, en la que conste dicha renuncia”, conforme fue aprobada por la Asamblea Nacional, consignado en el diario Debate del Parlamento.
– En cambio, los sandinistas defienden su posición sobre la documentación de Alvarado, recurriendo al artículo 8 de las disposiciones transitorias y finales de las reformas parciales de la Constitución, que reza: “Será aplicable el artículo 20 de las presentes reformas, aun a los nicaragüenses que hubiesen renunciado a su nacionalidad o adquirido otra antes de la entrada en vigencia de las mismas”.
– El artículo 20 de la Constitución dice que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
