Un empresario griego compró varios cayos en el litoral caribeño nicaragüense en 1997 y comenzó a venderlos en Estados Unidos, pero las autoridades dicen que los adquirió mediante una transacción ilegal, porque se trata de áreas protegidas y además de propiedad comunal, que no pueden ser enajenadas, según las leyes del país.
Por otro lado, unos inversionistas italianos fueron apresados y expulsados de Corn Island, a finales del año 2000, por querer hacer un hotel sobre una zona de humedales que, según organizaciones ambientalistas locales, son la fuente de agua potable de la isla.
El ministro de Turismo, René Molina, dijo que esos proyectos “ni siquiera llegaron a nuestras manos” y criticó la actitud de los pobladores de llevar a la cárcel a los empresarios italianos, porque “estos señores iban con plantas de tratamiento de agua y harían una serie de inversiones”.
Según Molina, el Intur puede hacer muy poco en la región caribeña “porque son autónomos, estos señores de la costa tienen una autonomía que si no se cuenta con ellos, si no aprueban ellos un proyecto, nosotros no podemos exigirles, ni les podemos dictar la política a seguir”.
Enrique Zamora, empresario y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (Fedecatur), considera que los inversionistas cometen un error cuando ignoran a la comunidad donde pretenden hacer su proyecto y cree que “deben cerciorarse primero de no dañar el medio ambiente”.
“Hay que ser selectivo con los inversionistas extranjeros; no sólo porque habla un idioma raro es inversionista, o porque viene con unos cuantos pesos en la bolsa es inversionista, porque ahora mucha gente maneja plata que es de dudosa reputación”, comentó Zamora.
Klaus Lengefeld, asesor alemán del proyecto turístico centroamericano Fodestur, opina que el caso de Corn Island fue “una crítica señal para los inversionistas”, porque denota que Nicaragua necesita reglas claras para el desarrollo del turismo.
En el caso del empresario griego que compró los Cayos Perlas, el problema comenzó cuando él quiso impedir que los nativos de los alrededores llegaran a los islotes. “Esos cayos, nuestros abuelos los utilizaban para guarecerse cuando había una tormenta y al impedir que la gente llegue, te los echás encima”, explicó Benigno Christian, presidente de la Cámara de Turismo (Canatur) en Bluefields.
El ministro Molina dijo que el Proyecto de Ley de Costas, presentado al Poder Legislativo, resolverá los “problemas de acceso y de propiedad” y regulará todas las actividades que puedan afectar el medio ambiente, porque hasta las embarcaciones contaminan cada día los lagos, ríos y mares, al derramar aceites.
“Ante una inversión extranjera que venga a cortar los bosques, yo me opondría porque no vienen a generar riqueza, sino pobreza, pero el problema es que reaccionamos hasta que el hilo se va a reventar”, dijo Enrique Zamora.
PLANES EN RAMA CAY
– “Yo presenté un pequeño proyecto ante el gobierno regional para que hiciéramos unas 10 cabañas en la zona donde viven los ramas, en un islote llamado Rama Cay, que dista 20 minutos de Bluefields”, dijo a LA PRENSA, Miriam Santamaría Cajina, delegada del Instituto de Turismo (Intur) en Bluefields.
– Cada cabaña podría tener un precio de 100 dólares por noche y pueden caber hasta tres familias o tres parejas y estaría dotada de todos los servicios de hotelería. “De esta forma podría solventarse la problemática económica de los Ramas”, explicó.
– “Los Ramas se quejan de que no hay trabajo, que no tienen entradas y esa raza se está extinguiendo. Por eso yo sugerí en mi proyecto que se le rentara a la comunidad de Rama Cay una parte, donde ellos tienen sus chocitas. Hacer allí el complejo turístico y a las mismas familias construirles viviendas. La idea es que las mujeres de Rama Cay hagan la limpieza de la localidad turística y así tengan una entrada económica, para que vivan decentemente”, propone la delegada del Intur.
