Janelys Carrillo [email protected]
Seis de los siete procesados por el asalto al Banco de la Producción (Banpro), permanecerán en prisión hasta que un Tribunal de Jurados decida mantener o revocar la decisión del Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Sabino Hernández, quien ayer dictó auto de segura y formal prisión en su contra.
Los reos sentenciados por los delitos de asociación para delinquir, asalto y robo con intimidación son: Jairo Cruz Valle, ex vigilante del Banpro; Freddy Hernández Morales “El Gato”; Javier Urbina Escalante, “Pitoreta”; Mario Guzmán García, “El Flaco”; Marco Tulio Elizabeth Rodríguez, “Pavo Gordo” y Javier Antonio López García, “El Cuate”.
La ejecutiva de Servicios Bancarios Kristhel Arévalo Chamorro, procesada por su presunto encubrimiento tras la denuncia que Martha Elena Morales promovió en su contra, fue sobreseída definitivamente por el judicial, quien estimó que lo que la denunciante pretendía era “distraer la actividad judicial”, como un mecanismo empleado por Armando Juárez, abogado de “El Gato”.
Aunque en una parte del dictamen el judicial precisa que un procesado “no es testigo en contra de otro reo”, en la mayoría de los casos tomó como base las declaraciones indagatorias de varios de los procesados que incriminan a otros su participación en el atraco ocurrido el 3 de abril pasado.
En los casos de “El Flaco” y “Pavo Gordo”, el judicial además aludió los peritajes policiales que confirman la correspondencia de las huellas digitales halladas en el banco con las de ambos procesados.
DESESTIMAN TESTIMONIO DE VECINOS
El fallo argumenta que a lo largo de la fase investigativa, los procesados Jairo Cruz Valle y Javier Urbina Escalante acusaron a “El Gato” de haber participado activamente en el robo de 798,967.75 córdobas y 127,588.65 dólares.
Asimismo, el administrador de justicia rechazó los testimonios de los vecinos a favor de Hernández Morales, y quienes declararon ante él que el día de los hechos, el ex militar estuvo trabajando en casa de su vecina Fanny Flores desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde.
“Tales testimonios de vecinos y amigos no gozan de confianza y consecuentemente de valor probatorio fehaciente, pues se debe tomar en cuenta que por el carácter de vecinos y amigos no pueden decir la verdad, armando una posible manipulación como ardid de la defensa y del mismo procesado”, establece la sentencia.
Consultado sobre tal criterio judicial, el director del Departamento Legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, valoró que el judicial debió haber fundamentado sus palabras y haber demostrado claramente en la sentencia que los vecinos mintieron, o que no eran idóneos.
