- Organismo de Derechos Humanos denunció que un colectivo de campesinos fue desalojado con apoyo de Brigada Antimotines sin mandato judicial
- Quienes reclaman la propiedad como suya son el ex jefe de la Policía, René Vivas, y el ex segundo jefe de la Seguridad del Estado
Juan Rodríguez [email protected]
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció el desalojo violento contra el Colectivo Paz y Progreso, realizado por la Policía del Departamento de Rivas, supuestamente sin mandato judicial.
Según la ANPDH, el desalojo fue apoyado desde Managua con agentes de la Brigada Especial de Antimotines, presuntamente a petición del ex director general de la Policía, René Vivas y por Juan José Úbeda.
Ambos señores (Vivas y Úbeda) reclaman como suya una propiedad de 900 manzanas localizada en Pueblo Nuevo Sur, jurisdicción de San Juan del Sur, Rivas, según el informe de la ANPDH.
Las tierras reclamadas por el ex director general de la Policía Nacional, René Vivas, están ocupadas actualmente por unas 120 familias, de las cuales la mitad está encabezada por desmovilizados del Ejército de Nicaragua y la otra mitad por ex miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Las familias radicadas en esta propiedad ostentan documentos de adjudicación que fueron emitidos por la Oficina de Titulación Rural (OTR), entregados en noviembre del 2000.
Según la ANPDH, “la imagen de imparcialidad, profesionalismo e independencia que debería mostrar la Policía Nacional, queda en entredicho ante este hecho y demuestra que aún continúa dándose una subordinación de agentes policiales antiguos, que ocuparon cargos de dirección en dicha institución y que en la actualidad militan en política partidaria. Esto causa deslegitimidad, descrédito y desconfianza en la población”, sostiene el organismo defensor de los derechos humanos.
La ANPDH agrega que el subcomisionado Jorge Mateo Medrano, jefe de seguridad pública del Departamento de Rivas, tenía conocimiento que los señores del “Colectivo Paz y Progreso” recibieron legítimamente dicha propiedad, y que la Policía recibió el expediente legal de esas tierras.
Sin embargo, siete días después el subcomisionado Medrano, intentó desalojar a los campesinos, diciéndoles que esas tierras eran propiedad de René Vivas y Juan José Úbeda, señala.
CON ANTIMOTINES Y CIVILES ARMADOS
Entre los denunciantes del “Colectivo Paz y Progreso” se encuentran Roberto Caldera Rugama, Alfredo Varela Palma, Erwin Muñoz, Rosalba Flores Lira, Adrián Sandoval.
Ellos aseguraron a la ANPDH que el 28 de diciembre el subcomisionado Medrano llegó con 12 miembros de la Brigada Especial de la Policía, cuatro civiles armados de Ak 47 y los señores René Vivas Lugo y Juan José Úbeda y desalojaron a las familias de “manera violenta y salvaje”.
Como los desalojados volvieron a tomar posesión de sus lotes, el 8 de marzo pasado el comisionado Pablo Vargas llegó con 30 policías antimotines y volvió a desalojar a los campesinos, dice el informe de la ANPDH.
Además del desalojo, 13 personas fueron encarceladas, entre ellas mujeres que recibieron arresto domiciliar, por delito de “desacato a la autoridad”.
La ANPDH afirma que en el lugar quedaron regados enseres personales y que las champas o ranchos fueron quemados, lo que constituye “huellas de irrespeto y daños a la propiedad”, de parte de los desalojantes.
POLICIA INVESTIGA DESALOJO
La Comisaria General Eva Sacasa, inspectora general de la Policía, dijo que Asuntos Internos de la Policía está investigando el caso por presuntas violaciones a los derechos humanos al “Colectivo Paz y Progreso”.
“Para la Policía es bien difícil la actuación en los conflictos de tierra, porque siempre hay dos partes que intervienen”.
Agregó que el jefe de la Policía del Departamento de Rivas le envió un informe donde señala que los señores René Vivas y Juan José Úbeda presentaron escrituras públicas de la propiedad y que la otra parte no lo hizo”.
“El amparo policial se dio en base a los documentos de Vivas y Úbeda”, explicó Sacasa. “No hemos concluido las investigaciones sobre este caso”, afirmó.
RENE VIVAS: «FUE UNA TOMA ILEGAL»
Al respecto, René Vivas, ex director de la Policía Nacional, dijo a LA PRENSA que se trata de un litigio de tierras marginales con el “Colectivo Paz y Progreso” y explicó que una sociedad anónima compró esas tierras en 1991 y que esas tierras siempre han tenido dueños.
“Unos señores los azuzaron y los metieron allí, por lo que se recurrió por la vía legal y al amparo policial. La última vez que fueron desalojados hubo resistencia”.
Añadió que hubo detenidos y que están siendo enjuiciados. “Simplemente esa es una toma ilegal”, manifestó el ex director general de la Policía Nacional durante el gobierno sandinista.
Agregó que “es una irresponsabilidad de los señores del INRA que arbitrariamente entreguen propiedad privada. Con esta actitud exponen a la gente. Las personas son víctimas de la defensa de los dueños que reclaman su derecho”, sostuvo Vivas.
JUAN JOSE UBEDA: «NO HUBO VIOLENCIA»
A pesar que René Vivas reconoce que “hubo resistencia en el último desalojo”, el otro socio que reclama suya la propiedad ocupada niega que hubo violencia.
“En absoluto, en absoluto, fue sin ningún tipo de violencia. Es más, a los campesinos los trasladamos en nuestros vehículos porque necesitaban irse a otra finca”, aseguró Úbeda.
Juan José Úbeda, director del Instituto Regulador del Transporte de Managua, y quien fungió en la década de los 80 como segundo jefe de la seguridad del Estado, actualmente ocupa el cargo de presidente y representante legal de la Empresa Agropecuaria “Pueblo Nuevo”, dueña de la finca Nuevo Mundo.
“René Vivas y yo somos los accionistas mayoritarios, hay un tercer accionista pero es minoritario. Yo compré acciones en 1991”, afirmó Úbeda.
Dijo que esa finca fue comprada a un ex capitán del Ejército de nombre Manuel de Jesús Santana en 1990, quien la adquirió bajo la Reforma Agraria.
“Tenemos posesión pacífica y constante con justo título de esa propiedad desde hace quince años”, explicó Úbeda.
Reveló que la finca Nuevo Mundo estuvo hipotecada, pero esa hipoteca ya fue cancelada al banco, el dinero se invirtió en cercas, corrales, casas, donde se invirtieron casi 750,000 córdobas y se canceló una deuda de crianza de ganado.
“Por una cuestión que el Banco de Desarrollo y un poco de frescura nuestra, nosotros nunca fuimos a liberar la hipoteca que seguía en los registros de la propiedad, pero nosotros teníamos en nuestro poder la escritura liberadora de la deuda”, aclaró.
Dijo que el gobierno liberal estaba interesado en las fincas hipotecadas de la zona, para entregárselas a los ex miembros del Ejército y de la Resistencia. “Nosotros explicamos al INRA que la finca no era del Estado y mostramos las escrituras”, explicó.
Úbeda atribuye la ocupación de las tierras a las declaraciones contra el partido gobernante que él dio a los medios en su calidad de fiscal nacional del Frente Sandinista, en las pasadas elecciones municipales de noviembre pasado.
“Esto irritó al Presidente de la República, Arnoldo Alemán, que primeramente declaró que yo lo había torturado. Lo desmentí públicamente, diciéndole que era un mentiroso. A los días estos campesinos fueron lanzados contra la finca para que se tomaran la propiedad”, manifestó Úbeda.
Agregó que la Jueza Única de San Juan del Sur, Raquel Sánchez, llegó a la finca y ordenó romper los candados y sacó a los vigilantes y contra todo derecho dejó en posesión a los ex militares, “aduciendo que el gobierno lo mandó”. Pero meses después tuvo que “retractarse y mandó a su juez suplente para desautorizar lo actuado”.
Dijo que él y Vivas pidieron el amparo policial, a la vez que abrieron un juicio por usurpación y daños a la propiedad contra el gobierno, y por daños de más de 250 mil córdobas.
El caso está siendo conocido por Ivette Toruño, Juez Local de Distrito del Crimen de Rivas, porque la judicial Raquel Sánchez se inhibió de seguir llevando el caso.
