Janelys Carrillo Barrios [email protected]
En representación de la comerciante Lilliam Elizabeth Muñoz, el abogado Aurelio Plata Bravo entabló una demanda contra el actual director de Aduanas, Emilio Selva Tapia, ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
En la demanda, la recurrente pide la anulación del proceso administrativo que la Dirección General (DGA) le siguió en 1998, cuando fue encontrada responsable del delito de defraudación aduanera, a pesar de que cumplió con los trámites y pagos por la internación de la mercadería que traía de Panamá.
Posteriormente, la Aduana habría subastado los artículos retenidos, causándole perjuicio económico.
El director de relaciones públicas de la DGA, licenciado Santiago Altamirano, se abstuvo de hablar con LA PRENSA sobre la demanda, alegando que lo hará hasta que la CCJ notifique a la institución de la acción judicial presentada.
La demandante también pide una indemnización de 700,403.28 dólares, en concepto de los gastos en que ha incurrido desde que la Aduana tomó la mercancía, así como intereses, lucro cesante (dinero que ha dejado de percibir) y costos del juicio.
A inicios de marzo, Muñoz acusó por desacato, asociación para delinquir y abuso de autoridad al ex director de Aduanas, Marco Aurelio Sánchez; el jefe de Asesoría Legal Mario Morales Silva y Manuel Mayorga Duarte, ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua.
La acción judicial promovida por la comerciante se originó porque los directivos de Aduanas subastaron su mercadería a pesar que el 21 de enero la Jueza Rafaela Urroz les ordenó que la retuvieran.
