- Procuraduría de Derechos Humanos destaca entre los principales al CSE, la Policía, el Poder Judicial y el Minsa
Rosario Mendoza Corea [email protected]
Un diagnóstico presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, revela que los principales violadores de los derechos de los ciudadanos son el Poder Electoral, el Poder Judicial y dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud.
El informe presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos sobre su primer año de actuación señala que el Consejo Supremo Electoral es la institución estatal que encabeza las violaciones de derechos ciudadanos (549), según las denuncias registradas por la Procuraduría de Derechos Humanos.
Le siguen las denuncias entre particulares (165), la Policía Nacional (144), el Poder Judicial (107) y las dependencias e instituciones del Poder Ejecutivo (32).
Continúa el Ministerio de Salud con 22 denuncias, el Sistema Penitenciario Nacional con 21, Gobiernos Locales (18), otras instituciones (12), el Ministerio del Trabajo (8) y el MECD (7).
Además la Procuraduría General de Justicia (7), el Ejército de Nicaragua (6), la Dirección de Migración y Extranjería (2), la Asamblea Nacional (1) y el Ministerio de Gobernación (1).
Los funcionarios de los Poderes del Estado que no cumplan las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, en cuanto al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, serán procesados por desacato a la autoridad, informó la doctora Flor Elena Ruiz, Directora de Defensa de los Derechos Humanos de la institución.
LOS DERECHOS VIOLADOS
Lo anterior fue anunciado en conferencia de prensa brindada por el equipo de la Procuraduría, presidido por el doctor Benjamín Pérez Fonseca.
El diagnóstico enumera que se violan el derecho a una justicia pronta y eficiente, ausencia de garantías de la seguridad ciudadana en las zonas rurales del país, comportamiento inadecuado con la niñez y la adolescencia, mujeres y adultos mayores, así como el incumplimiento de la legislación laboral y la ineficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, entre otros, expresó el doctor Benjamín Pérez Fonseca.
El artículo 41 de la Ley Creadora de la Procuraduría de Derechos Humanos, establece que si a los funcionarios públicos se les hace un llamado por tres veces consecutivas y ellos no acceden a cumplir con las recomendaciones del Procurador, éste puede enviar al Procurador de Justicia, el caso para su debido procesamiento por desacato, indicó la doctora Ruiz.
PROCURADURÍA VA EN SERIO
“La Procuraduría va a comenzar una especie de censura pública en contra de los funcionarios que no cumplan con lo que la ley establece en cuanto a la contestación de requerimiento o de informe y el cumplimiento de las recomendaciones para restituir los derechos o para evitar futuras vulneraciones en cuanto a los derechos humanos”, agregó Ruiz.
Agregó que los funcionarios no han entendido que hay una institución autónoma del Estado que se encarga de velar por el debido cumplimiento del respeto a los derechos humanos de los habitantes del país. “Ellos dicen que son autónomos que son un poder independiente y que no le deben explicaciones a nadie, pero eso no es así porque nuestra ley es reguladora y al igual que la Contraloría General de la República que controla el presupuesto del Estado, nosotros controlamos el respeto por los derechos humanos que deben cumplir los funcionarios”.
DERECHOS VIOLENTADOS
El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos expresa que entre los derechos que se registran con un mayor índice de violaciones a los derechos humanos, señala:
Derechos Políticos 549
Derechos Individuales 375
Derechos Económicos y Sociales 137
Derechos de la Familia 32
Derechos de las comunidades étnicas y pueblos indígenas 11
