- Abogado analiza presuntas debilidades de denuncia policial
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
La defensa del matrimonio implicado en el supuesto tráfico de cédulas de residencias extranjeras intenta trasladar a un juzgado local, el juicio que inició el martes en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua.
El abogado Francisco Fletes argumentó que el Juez Séptimo de Distrito del Crimen Sabino Hernández no es competente para investigar a sus clientes porque los delitos que la Policía les imputa tienen penas inferiores a los tres años.
Conforme la ley, los jueces de Distrito del Crimen sólo pueden instruir casos cuyos delitos ameritan penas mayores de tres años, lo que no ocurre en este caso en que los cargos que les imputan a Marisol Madriz Silva y su esposo Allan Majalí son infidelidad en la custodia de documentos, falsificación de documentos públicos y auténticos.
ACUSADA NO ES EMPLEADA PÚBLICA
Otro punto que el jurista alega es el hecho de que los únicos que pueden ser acusados por estos delitos son los funcionarios públicos electos o nombrados por autoridad competente y que ejerzan funciones de esta naturaleza, es decir, públicas.
En el escrito en que promueve el incidente de incompetencia de jurisdicción ante Hernández, Fletes explicó que si bien Madriz trabajaba en la Dirección de Migración y Extranjería, no puede ser considerada funcionaria pública por cuanto “no ha tomado posesión de su cargo a través de promesa de ley”.
En ese sentido, indicó que la joven fue contratada a través de un documento privado en el cual incluso, se deja plasmado que sus facultades serán determinadas posteriormente a la firma del documento, cosa que nunca se hizo.
En cuanto a Majalí, aseguró que éste ni trabaja para Migración ni maneja documentación de la misma, salvo la cédula de residencia que le extendieron para permanecer en Nicaragua.
Madriz y su esposo rindieron declaración indagatoria ante el juez Hernández ayer. La joven reconoció haber sacado de las oficinas de Migración más de cien cédulas que ella misma invalidó por contener errores en los nombres, los registros y fechas de nacimiento de los solicitantes, aunque estaban firmadas y selladas.
