- La Policía Nacional de Nicaragua y principalmente su brazo de apoyo, la Policía Voluntaria, están entre las instituciones que más violan los derechos humanos en el país, con 863 casos, según un informe del Departamento de Estado dado a conocer recientemente.
Por su parte el primer comisionado Franco Montealegre, Director de la Policía, reaccionó molesto, afirmando que nadie de afuera tiene que venir a decir a la Policía qué es lo que debe hacer
Juan Ignacio Rosales [email protected]
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala a la Policía Nacional de Nicaragua como una de las instituciones violadoras de los derechos humanos, debido al uso desmedido de la fuerza por parte de sus agentes, sobre todo de los policías voluntarios (PV) que no reciben ninguna preparación profesional.
Denuncia el informe, que los PV son subcontratados y utilizados para dar seguridad a negocios y fincas particulares, especialmente en las zonas cafetaleras.
En el informe se reconoce que el primer comisionado Franco Montealegre, Director de la Policía, el 8 de agosto del 2000 prohibió el empleo de policías voluntarios en el área de Managua, pero aún quedan 3,303 en el resto del país.
El documento del Departamento de Estado detalla que durante el 2000, en Nicaragua hubo 863 casos de violación de derechos humanos, los que fueron denunciados ante la comisionada Eva Sacasa, Inspectora General de la Policía.
Sacasa ordenó una investigación de las denuncias y se comprobó que la mayoría fueron cometidas por PV, 177 fueron cometidas por policías profesionales, 228 oficiales fueron sancionados y 69 fueron dados de baja deshonrosa y 48 fueron remitidos a juicio, dice el informe del Departamento de Estado.
AGRESIONES INVESTIGADAS
Entre los casos relevantes reportados en la investigación del Departamento de Estado, está el de José Francisco Fernández, de 16 años, contra quien a las 11:00 de la mañana del 16 de enero de este año, el Policía Voluntario Julio César Montenegro Pacheco, sin motivo alguno disparó su fusil AK y lo hirió en ambas piernas.
La actuación de este policía violó al artículo 118, inciso a) de la Ley 228 de la Policía Nacional, que prohíbe la manipulación de armas de fuego por parte de los PV, detalla el informe.
Otro informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), sobre este caso, revela que Fernández y otro joven ayudaban a doña Bertha Silva a meter a la casa una leña que tenía en la acera. Fueron tomados como sospechosos de un robo en la Colonia 14 de Septiembre, por los policías Montenegro Pacheco y René López, jefe policial del sector.
Fernández declaró a LA PRENSA que huyó tras los golpes que recibió de Montenegro Pacheco, quien creía que la leña que lanzó al patio de la casa, era un objetivo robado. Al verlo huir, Montenegro le disparó con el fusil y le fracturó la pierna izquierda.
Al caer herido el menor, los agentes no lo capturaron, sino que se retiraron y lo dejaron tirado en la calle, por lo que fue auxiliado por familiares y vecinos que lo llevaron al hospital.
El adolescente quedó lisiado, camina con dificultad. Los agentes agresores no fueron acusados por la Policía en los tribunales, sino que andan libres, incluyendo el que vive en el barrio.
El informe del Departamento de Estado también contiene el caso de Miguel Angel Toruño Orozco, quien también quedó lisiado en sus piernas, luego que el policía Lisandro Exiles Moncada le propinó dos balazos el 22 de mayo del 2000 en Estelí.
Moncada se encontraba en estado de ebriedad y vestido de civil, saltó de un camión, apuntó con un arma corta y le disparó a Toruño Orozco.
Asuntos Internos de la Policía que investigó este caso, concluyó que no fue Moncada quien disparó contra Toruño Orozco y lo dejó libre de cargos, critica el Departamento de Estado.
El 2 de marzo del mismo año, el capitán Juan Manuel Chávez y otros policía de Boaco, detuvieron sin motivo alguno a René de Jesús Membreño Calero, le dieron una paliza y le fracturaron algunos de sus huesos. Los agentes también fueron declarados inocentes por la Policía de Nicaragua, según el informe de la entidad estadounidense.
Otro caso conocido por el Departamento de Estado es el ocurrido el 10 de marzo pasado, cuando los oficiales de Policía Mario Castillo y Mario Rojas, sin orden de arresto, encarcelaron a Róger y Carmen Úbeda Castro. Róger denunció que tras sacarlo de la vivienda donde se encontraba, los dos agentes supuestamente empezaron a golpearlo con una raja de leña y con las empuñaduras de sus pistolas.
Los policías argumentaban que Úbeda, uno de los agredidos, pertenecía a una banda armada, lo encarcelaron por tres días en la unidad de Policía de Jinotega, y se vieron obligados a liberarlo al verificar la buena conducta de sospechoso.
El Departamento de Estado también investigó el caso del 11 de marzo del 2000, en Wiwilí, Jinotega, cuando Jesús Ramón Olivas Espinosa recibió una golpiza por parte de los oficiales Antonio Amador Ciclón, Teodoro Vanegas y otros policías, por supuestamente haber destruido propaganda política de un partido. Como castigo, lo tuvieron varios días dentro de un contenedor, donde pudo morir de asfixia.
En agosto del año pasado, el cadete Allan González, en repetidas veces pateó a un menor, en la acera frente a un establecimiento privado, en tanto un espectador fotografió el abuso. El cadete fue dado de baja de la Policía.
UN CASO RECIENTE
En enero la oficial Francis Areas, hirió a dos menores con un fusil AK cuando patrullaba una de la calles del barrio Jorge Dimitrov, y comenzó a perseguir a tres delincuentes que acababan de arrebatarle la cartera a una señora.
Según el informe oficial de la Policía, la mujer agente, en uno de los callejones resbaló y se le disparó el arma. Sin embargo Oscar Torres, pariente de Joel Torres, el niño que resultó con heridas más graves, dijo que vecinos del lugar donde sucedió el incidente le dijeron que la uniformada iba disparando indiscriminadamente.
El menor Torres se encuentra imposibilitado de caminar. De su piernita izquierda sobresalen varios clavos que le sostienen sus huesos para que sane la quebradura.
La Policía Nacional asumió los gastos de la cura de los niños. Un oficial de la Policía y un médico llegan a examinarlos constantemente y también llevan ayuda alimenticia a la familia.
Joel tendrá que pasar al menos seis meses con unos clavos en su pierna.
El caso fue remitido a los juzgados y dependiendo de la sentencia, la Policía también decidirá si la oficial de policía es retirada de la Institución o sólo es sancionada, pues hay quejas de que ella es una mujer muy agresiva y que es conveniente retirarla. Este caso está en manos de Asuntos Internos.
SANCIONES A POLICIAS NO SON ACORDES A LOS DELITOS
Gonzalo Carrión, abogado del CENIDH, afirmó: “las cosas que hacen los policías no corresponden a las sanciones que les dan. Muchos jefes de Policía obstaculizan las investigaciones a fin de proteger a la institución”.
“Entre éstos está una violación ocurrida en Rivas el pasado 14 de febrero del año anterior. Una adolescente identificó y acusó a dos policías de ser los autores de este crimen. Cuando nosotros (el CENIDH), le pedimos el expediente al jefe de la Policía de Rivas, comisionado Pablo Vargas, no lo quiso mostrar”, acusó Carrión.
Carrión subrayó que el trabajo del departamento de Asuntos Internos de la Policía “es lento, la información no es sistemática y completa además, que no responde a las peticiones que les hacemos”.
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