Wilder Pérez R. y Gabriela [email protected]
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos trabaja en la elaboración de una demanda judicial en contra de las publicaciones “El Mercurio” y “Sucesos”, consideradas como “un verdadero problema que hay que detener”, informó el Procurador Benjamín Pérez Fonseca.
La demanda sería impuesta en contra de los responsables de estas publicaciones, sin embargo, no precisó fecha de interposición de la misma debido a que en la acera de enfrente está la libertad de expresión.
“Sabemos que los dueños de estas impresiones nos pueden salir esgrimiendo que hay libertad de expresión, eso nos ha detenido”, admitió el Procurador quien explicó que la dificultad está en que la Procuraduría no puede hacer cumplir el derecho de unas personas cercenando el de otras.
Empero, “estamos valorando hasta qué punto la libertad de expresión va a permitir esas publicaciones escandalosas y obscenas”, dijo Pérez. “Es un planteamiento serio, no queremos cometer errores de los que se aprovechen sus abogados amparándose en la libertad de expresión”, añadió.
“SÓRDIDAS, NO ARTÍSTICAS”
Otro argumento que el Procurador espera de los abogados de este tipo de semanarios es la fotografía artística. “Eso es relativo, porque no es igual al caso, por ejemplo, de la Venus de Milo, que sí es artística aunque está desnuda, pero estas publicaciones son totalmente aberrantes, obscenas, sórdidas, esa es la palabra, sórdidas, ya eso no puede ser aceptado”, expresó Pérez.
Añadió que “esa clase de publicaciones ofenden a cualquier persona y no pueden ser artísticas ni aceptables”.
Pérez Fonseca dijo que se trata de una violación a los derechos de los niños “porque daña su inocencia, y una violación a los derechos de las mujeres porque las irrespeta, ya que hay un exhibicionismo extremo”.
DUEÑOS SORPRENDIDOS
Los dueños de los medios afectados, en este caso El Mercurio, Sucesos y Alerta, se mostraron sorprendidos por la posible demanda de parte del Procurador de los Derechos Humanos.
“No he tenido ningún conocimiento al respecto, no creemos tener problemas con los Derechos Humanos, pero ese es el punto de vista del Procurador y lo respeto”, afirmó Juan Carlos Aguirre, propietario del semanario El Mercurio.
De hecho, este semanario ya tomó medidas para evitar sanciones de parte del Ministerio de Gobernación. “A partir del próximo jueves 8 de marzo no sacaremos más desnudos, las muchachas van con ropa”, declaró Aguirre.
Por su parte, Róger Solórzano, propietario de Sucesos y Alerta, se mostró molesto y dijo que la publicación no está dirigida a niños. “Y si es por la mujer, ¿por qué no reclama el género masculino, también sacamos fotos de hombres desnudos?, cualquier desnudo es igual independientemente de que sea o no artístico”, dijo Solórzano. “Hace más daño el licor y el cigarro y nadie dice nada”, añadió.
MENORES PODRIAN DEJAR DE VOCEAR ESOS SEMANARIOS
Carlos Emilio López aclaró que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sólo puede sugerir, recomendar y proponer acciones a la administración pública, pero es el Ministerio de Gobernación el ente encargado de aplicar las medidas correspondientes. Recordó que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que todos los medios de comunicación tienen la obligación de no revelar la identidad y datos personales de niños que son sujetos pasivos o activos de delitos.
Además, prohíbe la venta a niños de materiales impresos y audiovisuales que incentiven el alcoholismo, la violencia, la pornografía, la prostitución y consumo de drogas.
“El Ministerio de Gobernación tiene la buena intención de conversar con nosotros para trabajar una propuesta para que en Nicaragua se respeten estas disposiciones establecidas en el Código”, dijo López.
La propuesta podría contener algunos planteamientos normativos y operativos como por ejemplo que estos periódicos con alto contenido de violencia no sean vendidos por menores de edad, que no circulen en lugares donde permanecen niños y niñas, y se vendan en bolsas plásticas.
El ministro de Gobernación, José Marenco, aseguró que se está estudiando el Código Penal y de la Niñez y la Adolescencia para conocer legalmente los mecanismos que se pueden implementar en torno a esta situación, sin atentar contra la libertad de expresión.
