- El ex dictador no creyó que tras un cautiverio de 503 días en Gran Bretaña, nuevo infierno legal le esperaba
- La causa directa de su procesamiento son los crímenes atribuidos a la Caravana de la Muerte en 1973
Manuel Fuentes (EFE)
SANTIAGO DE CHILE.- Cuando hace un año Augusto Pinochet emprendió el viaje de regreso a Chile desde Londres, no se imaginaba que en su país le aguardaba un calvario judicial que culminó hace algunas semanas con su procesamiento y arresto por graves violaciones a los derechos humanos.
Las razones humanitarias tomadas en consideración por las autoridades británicas le permitieron al ex gobernante militar chileno poner fin, el 3 de marzo del año pasado, a 503 días de arresto y desechar definitivamente la amenaza de extradición a España para ser juzgado por genocidio, terrorismo y torturas.
La ceremonia de bienvenida y el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas para arropar su llegada provocaron un terremoto político que estremeció en sus últimos días al gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Apenas unas semanas después, un dirigente socialista, el segundo desde el derrocamiento en 1973 de Salvador Allende, era investido Presidente de la República.
En un acto multitudinario celebrado el 12 de marzo del año pasado, un día después de su llegada al emblemático Palacio de la Moneda, el nuevo presidente socialista, Ricardo Lagos, aseguró ante decenas de miles de personas que pedían “juicio a Pinochet”, que el Poder Judicial “haría la justicia que demandaba la Patria”.
OFENSIVA DE FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE DICTADURA
Al tiempo que la derecha reanudaba el apoyo a quien fue su principal mentor, los familiares de las víctimas de la dictadura (1973-1990) iniciaron una ofensiva judicial que se tradujo en una multiplicación de las querellas criminales contra el octogenario general y en la petición de su desafuero parlamentario.
La solicitud de que le fuera retirada la inmunidad parlamentaria de que gozaba desde el 11 de marzo de 1998, cuando se integró al Senado como miembro vitalicio, fue acogida a trámite por el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Guzmán Tapia y finalmente aceptada.
El pasado 8 de agosto, la Corte Suprema de Chile decidió por 14 votos contra 6 autorizar la apertura de una causa penal por los delitos de homicidio, secuestro calificado (desaparición), inhumación y exhumación ilegales y asociación ilícita.
“CARAVANA DE LA MUERTE”
El 1 de diciembre, de forma súbita, el juez Guzmán Tapia dictó un auto de procesamiento en su contra, como autor de 57 homicidios y 18 secuestros calificados, perpetrados por la “Caravana de la Muerte”, una misión militar que en octubre de 1973 asesinó a 75 presos políticos.
La defensa consiguió que la Corte Suprema revocara el procesamiento, argumentando que Pinochet no había prestado declaración indagatoria y además tampoco había sido sometido al peritaje médico solicitado por el propio magistrado para determinar si estaba en condiciones de afrontar un eventual juicio.
Cuando le estaba tomando declaración en su residencia del lujoso barrio santiaguino de La Dehesa, surgieron testimonios de ex oficiales y documentos que reforzaron las evidencias en contra del ex gobernante de facto.
DEFENSA SIN DARSE POR VENCIDA
El pasado 29 de enero, el juez Guzmán Tapia ordenó por segunda y definitiva vez el procesamiento de Augusto Pinochet y su arresto domiciliario, aunque la defensa intenta nuevamente revertir la situación con dos recursos presentados ante la Corte de Apelaciones.
Uno de estos recursos ya está resuelto por una sala de dicho tribunal, pero en situación de “acuerdo”, lo que significa que su contenido sólo se dará a conocer cuando concluya su redacción definitiva, lo que en principio se dijo iba a ocurrir esta semana, pero finalmente ha quedado pendiente para la próxima.
«DEMENCIA MODERADA»
Los exámenes físicos, siquiátricos y neurológicos realizados por peritos del Servicio Médico Legal en presencia de especialistas designados por la defensa y la acusación, establecieron que el general retirado Augusto Pinochet sufría una “demencia vascular subcortical leve a moderada”, pero ello no impidió que el juez Juan Guzmán, quien lleva el caso en su contra, le sometiera a interrogatorio.
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