- Departamento de Estado de EE.UU. habla de mujeres y niños abusados en Nicaragua, así como seis ejecuciones
- También menciona exclusión de Yatama, caso Alvarado y el “pacto”
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El “Informe sobre prácticas de derechos humanos en el 2000”, del Departamento de Estado, dado a conocer este lunes, lamenta la discriminación por razón de sexo y raza que se evidencia en Nicaragua.
El abuso infantil y a la mujer en este país, merece un gran espacio en el informe que presenta este problema como una situación arraigada.
“La violencia contra los niños es un problema y la prostitución infantil sigue en el tapete, como también la discriminación contra los indígenas. El trabajo infantil sigue siendo un problema. Hubo informes de tráfico de mano de obra obligada y el tráfico en mujeres y niños para el propósito de prostitución forzada”, expresa.
SEIS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Si bien el informe reconoce que la Policía Nacional ha dado de baja deshonrosa a un importante porcentaje de policías denunciados de violentar los derechos ciudadanos, destaca seis casos de ejecuciones extrajudiciales y otros sobre uso excesivo de fuerza policial.
DERECHOS INDIGENAS
El reporte, a escala mundial, en el caso de Nicaragua también hace especial énfasis en la exclusión de la participación electoral de la organización Yatama, decidida por el Consejo Supremo Electoral en los pasados comicios de noviembre del 2000.
En una larga descripción sobre la situación política y los derechos de credo y religión, se hace un pormenorizado detalle de la actual Ley Electoral y de los acuerdos políticos entre liberales y sandinistas, que terminaron dándole mayor poder al FSLN.
El caso del proceso de recuperación de la nacionalidad de José Antonio Alvarado, es otro tema que toma parte del informe y en el que se detallan todos los pasos legales que el caso ha tenido que andar.
MAS PODER A ROJINEGROS
“Una serie de acuerdos políticos entre el Partido Liberal Constitucionalista y el FSLN, aunque han sido altamente controversiales, cedieron al FSLN mayor poder en varias instituciones gubernamentales a cambio de la evasión del uso de protestas violentas para lograr fines políticos”, expresa el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.