- El anteproyecto de reforma al Código de Procesamiento Penal de Nicaragua fue consultado en todo el país
Mario Sánchez P. [email protected]
El anteproyecto de reforma al Código Penal de Nicaragua, presentado el 14 de febrero a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación, es el resultado de una amplia discusión, análisis y mejoramiento en que fueron protagonistas todos los sectores involucrados en la aplicación de la justicia.
El objetivo de la Corte Suprema de Justicia y de quienes dirigieron la elaboración del anteproyecto de ley, es terminar con la retardación de justicia y dar garantías al procesado y a las víctimas y contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la democracia en Nicaragua.
El anteproyecto o reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua es el resultado de un amplio y arduo proceso de consulta con todos los sectores sociales del país, unas 800 personas relacionadas o involucradas en la administración de la justicia, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales de Apelaciones, jueces de distrito del crimen y locales de diversas zonas del país, Procuradores de justicia, jefes policiales nacionales y departamentales.
El doctor Gustavo Vega, Coordinador de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el doctor César Barrientos, del Centro de Administración de la Justicia de la Universidad de la Florida, Estados Unidos; Ana Teresa Carazo, de la misma Universidad, participaron en la elaboración del Código con una Comisión de Alto Nivel integrada por funcionarios del Sistema Judicial y dirigentes de asociaciones de abogados.
En la comisión trabajaron o dieron aportes, por la CSJ, el doctor Francisco Plata y el doctor Marvin Aguilar, Presidente de la Corte y Presidente de la Sala Penal de la misma Corte respectivamente, el doctor Iván Escobar Fornos, Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Noel Pereira Majano, Presidente de la Comisión de Justicia de la AN.
También el primer comisionado Franco Montealegre, director general de la Policía, el jefe de Asesoría Legal de la Policía y el doctor Julio Centeno Gómez, Procurador General de Justicia, el doctor Alvaro Ramírez,Presidente de la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua, los estudiantes de postgrados en Derecho Penal de la Universidad Centroamericana, entre otros.
En sendas explicaciones, Carazo, Vega y Barrientos aseguraron que para que la CSJ entregara el anteproyecto a la AN, antes hubo 35 proyectos borradores, que uno a uno fueron discutidos desde “el punto de partida”, es decir desde el documento incial hecho hace 12 meses. En este sentido, explicó Ana Teresa Carazo, “la labor internacional de apoyo ha sido mínima”.
Agregó que el grueso del trabajo fue realizado por profesionales nicaraguenses, quienes participaron en todos los debates realizados en los cuatro puntos cardinales del país, “para incorporar las experiencias que han tenido resultados positivos” en materia de aplicación de la justicia.
Sostuvo que con el nuevo Código se busca cómo hacer más eficaz a la justicia, para resolver los problemas y no para perpetuarlos, que la persona acusada tenga derecho a la defensa. Nadie podrá ser procesado sin tener un defensor, porque el juez estará obligado a garantizar ese derecho.
Mientras que el doctor Barrientos afirmó que el nuevo Código Procesal Penal contribuirá al proceso de fortalecimiento del estado de derecho y de la democracia en Nicaragua.
Novedades del nuevo Código
Una de las novedades del nuevo Código y que contribuirá a la transparencia del Sistema Judicial es que el juez ya no está comprometido a la investigación de los hechos como ocurre actualmente y que de alguna manera se expone a la parcialidad y a prejuiciarse contra el procesado o la víctima, expresó el doctor Vega.
Según la nueva ley, quienes investigarán y aportarán las pruebas serán la Fiscalía y la Policía Nacional. Mientras que el juez revisará el expediente y analizará los resultados de la investigación, de los aportes dados por el médico forense, de los abogados de las partes y de los testigos y en base a eso emitirá su fallo.
Asimismo, como los juicios serán orales y públicos, el juez o los abogados podrán llamar al forense, a la Policía y la fiscalía para ser repreguntados sobre los resultados del dictamen forense o de las dudas que hayan en las pruebas presentadas.
