Eva VergaraAP
Santiago de Chile— El juez Juan Guzmán, que mantiene procesado al general Augusto Pinochet por acusaciones de 75 asesinatos, investiga ahora al jefe del estado mayor de la Fuerza Aérea, general Hernán Gabrielli, acusado por ex presos políticos de ser uno de sus torturadores.
Guzmán amplió sus investigaciones hacia el segundo hombre de la aeronáutica porque las cinco denuncias que enfrenta también están dirigidas contra Pinochet. La investigación de Guzmán implica que podrá carear a Gabrielli con sus acusadores y tomar declaraciones a los testigos que presenten ambas partes, entre otras diligencias.
Gabrielli fue acusado por tres ex presos políticos y por los familiares de dos opositores ejecutados, incluido el ingeniero de 27 años Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, primo del ex presidente Eduardo Frei.
Las torturas, según los ex presos Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera, se realizaron los primeros días después del golpe militar de 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, en las cercanías de Antofagasta, a 1,370 kilómetros al norte de Santiago.
El abogado Eduardo Contreras, uno de los querellantes contra Pinochet que además representa a uno de los ex presos, dijo estar seguro de que se probará “que efectivamente el general Gabrielli torturó y que por lo tanto su requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado no es más que un subterfugio para evitar la acción de la justicia”.
Militar niega culpa
Gabrielli, que niega enfáticamente haber torturado a algún preso, respondió a las acusaciones con una contrademanda por graves injurias y calumnias contempladas en la ley de seguridad, que establece graves penas de cárcel para quienes la infrinjan.
La cuestionada ley protege a la élite gobernante, incluidos los jefes castrenses y los jueces, y es rechazada por el ejecutivo que, a través del ministro de Defensa, Mario Fernández, solicitó infructuosamente a Gabrielli no utilizarla.
La principal acusación contra el jefe aeronáutico es haber pateado en los genitales a Ruiz-Tagle, quien después fue trasladado desde la base aérea hasta la cárcel de Antofagasta, donde cayó en las manos de un grupo del ejército que volvió a torturarlo antes de ejecutarlo junto a otros 13 opositores, el 19 de octubre de 1973, según declaraciones judiciales de testigos.
El cuerpo de Ruiz-Tagle presentaba, según su madre, huesos rotos, vértebras quebradas, quemaduras en el rostro y le faltaba un ojo.
El caso de Gabrielli se cruzó con el de Pinochet porque junto con conocerse públicamente las torturas a que fue sometido Ruiz-Tagle, se difundió un documento con una alusión del ex dictador a ese preso.
Ruiz-Tagle fue uno de los 57 opositores ejecutados, además de 18 secuestrados, por la “caravana de la muerte”, un grupo del ejército enviado por Pinochet al norte para agilizar los consejos de guerra.
Pinochet está procesado como autor-inductor de los 75 crímenes del norte. Se espera que la próxima semana la Corte de Apelaciones rechace o acepte su apelación al juicio.
El veterano general cumple hoy 25 días de arresto domiciliario por orden del juez Guzmán.
Gobierno de Lagos sigue atado a Pinochet
Eva Vergara
Santiago de Chile
El presidente Ricardo Lagos cumplirá un año al mando del país atado a los problemas del ex dictador Augusto Pinochet que, pese a su arresto domiciliario, está presente a través de los militares y la derecha política.
Varios intentos del gobierno por poner en la agenda pública otros temas, además del de Pinochet y las violaciones a los derechos humanos durante su régimen, no han prosperado con la fuerza deseada por el oficialismo.
Lagos, que el 11 de marzo conmemorará su primer año de gobierno, no ha podido cumplir con sus principales promesas de campaña:
reducir el desempleo y reactivar la economía, crecer con igualdad y encaminar al país hacia el desarrollo.
Apenas ocho días antes de asumir Lagos, Pinochet volvió de Londres donde estuvo 503 días con arresto domiciliario a petición del juez español Baltasar Garzón.
En Chile cumple hoy 25 días detenido en su finca veraniega de Los Boldos, 140 kilómetros al noroeste de Santiago, acusado por el juez Juan Guzmán por 57 ejecuciones sumarias y 18 secuestros de prisioneros políticos.
La situación judicial del ex dictador, que acumula 240 querellas criminales, enojó a los militares que obligaron a Lagos a convocar a un polémico Consejo de Seguridad Nacional para exponer su desacuerdo con el proceso al que fue sometido su líder.
La derecha política endureció sus posiciones y se negó a legislar según una “política de acuerdos”.
