- Procuraduría espera auditorías de cinco presuntas negligencias médicas
- Minsa crea “círculo vicioso” y “la gente no haya dónde acudir”, dice funcionaria de Procuraduría
Karla Marenco [email protected]
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investiga un paquete de casos de personas fallecidas en los últimos tres meses por supuestas negligencias médicas, pero autoridades de esa institución se quejan de que no logran resolver esas denuncias debido a la burocracia de las autoridades de Salud para remitir la información pertinente de los casos.
“Tenemos un gran problema con el Minsa porque no logran enviar los informes pertinentes de las denuncias porque hay mucha burocracia en ese Ministerio y no logramos que los informes vengan con tiempo”, sostuvo la directora de Denuncias de la Procuraduría, Flor Elena Ruiz.
La funcionaria mostró su preocupación alrededor de tantas denuncias por negligencia médica o por fallas en los procesos administrativos para la atención de los pacientes en las unidades de salud pública.
“El MINSA está reuniendo tantas negligencias (médicas) dentro de sus centros de salud y centros hospitalarios, que está creando un círculo vicioso donde ya la gente no haya dónde acudir”, expresó la doctora Ruiz.
Actualmente la Procuraduría de Derechos Humanos investiga cinco casos de presunta negligencia médica, que podrían haber contribuido al fallecimiento de cinco personas: dos mujeres, un adolescente y dos niños en diferentes unidades de salud del país.
Asimismo, emitió la resolución final en un sexto caso ocurrido en marzo de 1999 en el Centro de Salud del Municipio de Wiwilí, que fue denunciado por el Obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, en la cual se determinó que dos personas violaron el derecho a la vida de Reina Fuentes Valdivia (34), quien murió porque no fue trasladada a tiempo en la ambulancia asignada al centro, ya que el vehículo estaba siendo usado para trasladar leña.
LOS CASOS
MURIO PORQUE AMBULANCIA TRASLADABA LEÑA
De acuerdo al expediente 159/2000, el 22 de agosto pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió la denuncia por escrito de parte de Monseñor Abelardo Mata, Obispo de la Diócesis de Estelí, en la que expresó que a las 1:00 p.m. del día 13 de marzo del año 1999, doña Reina Fuentes Valdivia se presentó con una fuerte hemorragia vaginal al Centro de Salud del Municipio de Wiwilí, donde fue atendida por el doctor Jaime Rodríguez Castillo.
El galeno determinó de inmediato que la paciente debía ser trasladada de emergencia al Hospital de Jinotega, porque tenía ocho o nueve meses de embarazo y su vida corría peligro.
Cuando el doctor Rodríguez buscó la ambulancia para trasladar a Reina, el vehículo era usado por el conductor Faustino Lira Castro para transportar una leña a la casa del señor Vidal Olivas Escobar, quien en ese momento fungía como administrador del Centro de Salud de Wiwilí.
Según el relato del galeno, fue hasta las seis de la tarde que el chofer se presentó al Centro de Salud con la ambulancia cargada de leña que traía de una comunidad llamada Kitiz, subiendo al vehículo a Reina rumbo a Jinotega, pero aseguran que el chofer todavía pasó dejando la leña por la casa del administrador y hasta después se fue al centro asistencial.
En consecuencia, al poco tiempo la ambulancia regresó con Reina Fuentes, quien falleció en el trayecto a causa de paros cardíacos.
Ante la denuncia de Monseñor Abelardo Mata, conocida por las Comisiones de Paz y Justicia de la Diócesis de Estelí, el Departamento de Investigación de la Procuraduría tomó el caso, realizó entrevistas a todas las partes involucradas, revisó el informe de auditoría médica y un dictamen del Instituto de Medicina Legal.
El 4 de diciembre pasado la Procuraduría emitió su resolución en la que concluyó que Olivas Escobar y Lira Castro violaron el derecho de la vida de Reina Fuentes, por lo que remitieron el caso a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al MINSA para que se tomaran las medidas pertinentes.
En la resolución la Procuraduría considera que los resultados de la auditoría del MINSA “carecían de objetividad”, porque concluyeron que aunque la paciente hubiera sido trasladada al hospital de Jinotega, las posibilidades de sobrevivir eran mínimas y la muerte materna era inevitable.
El doctor que atendió a Reina contradijo esa aseveración y señaló que “de haberse garantizado el traslado oportuno de la paciente hacia el hospital de Jinotega, había entre un setenta o un ochenta por ciento de probabilidades de salvarla”.
La Procuraduría consideró que los dos funcionarios del Centro de Salud “estaban utilizando la ambulancia para resolver negocios personales, en el momento que se presentó la emergencia, lo que inequívocamente impidió el traslado oportuno que le salvaría la vida”.
La Procuraduría no ha tenido información de si el caso fue trasladado a los juzgados.
MUERE POR SUPUESTA SOBREDOSIS DE ANESTESIA
Uno de los casos más tristes es el de la joven Ismayra Aguilera Herrera, expediente número 248-2000, quien el pasado primero de octubre fue ingresada al Hospital Alfonso Moncada en Ocotal, para dar a luz a su hijo.
Los médicos procedieron a practicarle cesárea, pero al parecer le aplicaron una sobredosis de anestesia, por lo que su esposo Oscar Aguilera Herrera presume que hubo negligencia médica.
Ismayra se complicó luego de la cesárea, al punto que tuvieron que extraerle el útero, razón por la cual se desangró y cayó en estado de coma, según rola en el expediente. En ese momento en el hospital no había sangre para hacerle una transfusión, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Bertha Calderón, en Managua, donde permaneció en coma hasta el 14 de octubre cuando murió por un shock séptico.
Según el expediente, el 24 de noviembre se le envió un requerimiento a la titular de salud para que enviara la auditoría médica, el expediente clínico y toda la información pertinente del caso, pero hasta la fecha no ha sido remitida. Asesoría Legal informó a la Procuraduría que a más tardar hoy enviarían el informe.
La Procuraduría emitió una resolución inicial del caso el pasado 20 de diciembre, ampliando a 30 días hábiles el plazo para las investigaciones, que está a punto de cumplirse esta semana.
NIÑOS MUEREN EN CIRCUNSTANCIAS DESCONOCIDAS
Otros dos casos que la Procuraduría está investigando es la muerte de dos bebés cuando sus madres Claudia Janeth Navarro García y Flor de María Quintanilla llegaron a parir al Hospital de Masaya, en diciembre pasado.
El 17 de diciembre Claudia Janeth Navarro denunció ante la Procuraduría que fue a dar a luz al Hospital de Masaya y cuando sintió que ya no aguantaba los dolores, se lo dijo al doctor que la atendía y éste le respondió que no podía tener a su niño en una camilla.
Según la joven, al momento del parto su bebé casi no lloró y le cortaron el cordón umbilical hasta los cinco minutos de haber nacido.
“Al entrar otro médico y una enfermera a la sala, se dieron cuenta que el niño estaba morado y le preguntaron al doctor que si es que no lo habían bombeado y le llamaron la atención”, indica el relato de la madre que consta en el expediente 02-2001 en el Departamento de Investigación de esa dependencia.
La afectada agregó que en ese momento el niño fue llevado a otra sala y el médico, molesto, la agredió verbalmente y la culpó de lo que le pasaba a su hijo. El bebé murió cinco horas después de nacido, sin que ella supiera las razones.
De acuerdo al expediente, la joven fue dada de alta el 18 de diciembre con fiebre y restos de placenta, por lo que tuvo que ser hospitalizada nuevamente durante cuatro días en el Hospital Alemán Nicaragüense.
La Procuraduría abrió las investigaciones pertinentes, pidió al director del Hospital de Masaya que investigara si había negligencia de parte del médico que atendió a la paciente y; éste se negó a brindarles información en ese momento.
La otra muerte infantil ocurrió el pasado 27 de diciembre, según la investigación de oficio que la Procuraduría recogió por la denuncia que hiciera la madre en un diario local.
Señala que la paciente Flor de María Quintanilla fue preparada para hacerle una cesárea, pero como los quirófanos estaban llenos tuvo que dar a luz en uno de los cuartos del hospital, pese a que se sabía que la niña no venía en posición normal. Con muchas dificultades y daños en las paredes vaginales la madre logró dar a luz, pero la bebita murió de asfixia posteriormente.
En ambos casos la Procuraduría ha solicitado las auditorías médicas al MINSA, pero por instrucciones de la titular de Salud, se pidió un plazo de cinco días, según consta en una carta del 10 de enero que envió la asistente de la ministra Mariángeles Argüello y aún los documentos no han sido enviados.
OTROS CASOS
La Procuraduría de los Derechos Humanos también investiga el caso de presunta negligencia médica cometida en el caso del joven Carlos Ernesto Sánchez, de 19 años. Su padre, del mismo nombre, dice que él no recibió la atención médica adecuada ni se hizo el diagnóstico oportuno de su caso cuando fue llevado de emergencia al Hospital Berta Calderón, el pasado primero de enero.
También investiga el caso de la joven María Elsa Ramírez Murillo, quien murió por supuesta deficiencia en la atención médica que recibió cuando fue a tener a una niña al Hospital Alemán Nicaragüense.
En este caso, el esposo de la paciente, Moisés Reyes López, denunció que la Auditoría Médica del MINSA ha retenido por varios meses los resultados de la investigación a pesar de que éste la ha solicitado en varias ocasiones.
SIETE VECES HA PEDIDO AUDITORIA
La ministra de Salud, Mariángeles Argüello, insistió en que la publicación de LA PRENSA sobre negligencia médica es “incorrecta”, indicando que no se explica cómo se publican “cosas que no son”. Sin embargo, Moisés Reyes, esposo de la difunta María Elsa Ramírez, quien falleció por supuesta negligencia médica, visitó LA PRENSA ayer para exigir que el Minsa haga “justicia”. Dijo que siete veces, dos de manera formal, ha pedido que le muestren la auditoría médica sobre la muerte de su esposa, sin lograrlo aún.
LLUEVEN CASOS DE NEGLIGENCIA
– LA PRENSA comenzó a recibir nuevas denuncias de negligencias médicas, entre las que destacan las de un niño de seis años con problemas de aprendizaje que requiere de atención sicológica y otro de doce años con una severa lesión cerebral que lo tiene postrado en una silla de ruedas.
– Las madres de ambos aseguran que los problemas de sus vástagos fueron provocados por mala atención médica durante el parto, pero no piden castigo para los médicos que las atendieron, sino que se conozcan sus historias para evitar que se repitan en otras mujeres.
– Aracely María Ballesteros Alvarez tiene un hijo de seis años con problemas de aprendizaje, por lo que recibe atención sicológica en una clínica privada. Mientras que el niño de 12 años Eddy Sánchez Pérez está postrado en una silla de ruedas luego que su madre, Migdalia Pérez, recibiera una inadecuada atención médica durante el parto.
– Ninguno de los dos casos fueron investigados por las autoridades de Salud en su debido momento, pero las afectadas tampoco hicieron la respectiva denuncia.
– La señora Ballesteros Alvarez fue atendida en la clínica privada “Médicos Unidos”; mientras que Migdalia Pérez dio a luz a su hijo en el Hospital “Fernando Vélez Paiz”.
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