Adolfo Olivas Olivas – [email protected]
ESTELI.- A dos años de perder a su hijo por supuestas irregularidades médicas en el Hospital San Juan de Dios, de Estelí, la señora Gladys Matamoros Sevilla continúa esperando que el Ministerio de Salud haga justicia con las personas implicadas en el caso.
El 12 de febrero de 1999, la embarazada Gladys Matamoros Sevilla de 28 años ingresó al Hospital San Juan de Dios y a pesar de los dolores del parto fue cesareada tres días después, pero la criatura ya estaba muerta.
Una referencia del Centro de Salud “Leonel Rugama” indicaba que la paciente era de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), siendo cesareada en sus dos partos anteriores por problemas de estrechez y preclampsia, según señala el expediente 007993.
La embarazada presentó fuertes contracciones y dolores de parto los días 12, 13, 14 y 15 de febrero, pero el último día fue operada de emergencia al descubrirse a través de un ultrasonido que el niño estaba muerto.
“El bebé, de sexo masculino, nació muerto con el líquido amniótico impregnado de mecomio (excremento)”, indican las investigaciones que se realizaron alrededor del fallecimiento.
El niño fue extraído a las once y trece minutos de la mañana del 15 de febrero de 1999, sin embargo, la autopsia expresa que el pobre bebé había muerto ocho horas antes de la operación.
La auditoría hecha por una Comisión Médica del MINSA central, afirma que el bebé “no debió morirse” y que la “cesárea debió practicarse con urgencia desde el ingreso de la paciente por los múltiples riesgos”.
A Estelí llegó una resolución de la Dirección Superior del Ministerio de Salud que expresa que hubo negligencia médica en la atención a la paciente y ordenaba a las autoridades del Hospital San Juan de Dios que aplicaran una sanción contra la tres médicas implicadas en las irregularidades.
El director del Hospital San Juan de Dios, doctor Alberto Valdivia, señaló que recientemente se les aplicó a las doctoras Maritza Canales, Martha Casco y Damaris Arauz, la suspensión de dos meses en calidad de sanción administrativa, pero ellas hicieron una demanda judicial por la vía Civil por considerar injusto el veredicto del Ministerio de Salud.
