- Dos propiedades de 1,106 manzanas y valoradas en 2.3 millones de dólares, fueron vendidas por el FNI a 320,000 dólares
- Aparece involucrada una empleada de Amelia Alemán Lacayo
Roberto Orozco B.Francisco López G.SAN CARLOS/Río San Juan
Primera entrega
“Las tierras del Presidente”. Así son conocidas en el municipio de El Castillo dos fincas que miden un total de 1,106 manzanas y que fueron compradas en subasta por una sociedad anónima denominada Desarrollo Ganadero y Turístico (Desgantur). En el rol de Vigilante de la entidad anónima, aparece una persona muy cercana a Amelia Alemán Lacayo, hermana del mandatario nicaragüense.
Las propiedades –que algunos lugareños han bautizado como “Chinampa II”— se denominan Santa Lucía y Santa Cruz o El Raudal del Diablo, ambas ubicadas estratégicamente a orillas del río San Juan, frente a “El Morro” o Castillo de la Inmaculada Concepción (en El Castillo), sitio con un enorme potencial turístico.
Según investigaciones periodísticas de LA PRENSA, la sociedad anónima que adquirió las propiedades (Desgantur), fue constituida ante los servicios notariales del doctor José Denis Maltez Rivas, Subprocurador General de Justicia y uno de los abogados vinculados a las compras del consorcio Gestiones e Inversiones S.A. (Geninsa), ligado a la familia presidencial.
Entre los socios de la mencionada sociedad anónima se señala a: Armando José Guillén Castillo, Xiomara Alonso Tapia e Ignacio Guillén Castillo. Además, en el cargo de “Vigilante”, cuya función es “fiscalizar y vigilar por los intereses del grupo social”, se encuentra la señora Mireya Aragón Benavente, trabajadora del despacho privado de Amelia Alemán Lacayo, hermana del Presidente.
Dichas oficinas están ubicadas actualmente en las mismas instalaciones de la clínica de fisioterapia La Marquette, propiedad de María Alejandra Alemán, hija menor del Presidente nicaragüense.
FNI LAS SUBASTA
Originalmente estas fincas eran propiedad del conocido ganadero Bismark Mena, quien había formado al menos dos empresas cuyas operaciones se centraban en la compra-venta y engorde de ganado vacuno. Una se llamaba Desarrollo Granadero S.A. (Degasa) y, la otra, Agropecuaria del Río (Agriosa).
Mena, a quien se le consideraba uno de los productores más sólidos de esta región, solicitó un cuantioso préstamo al Bancosur, tras la intervención del Banco del Campo y la compra del mismo por “inversionistas” guatemaltecos.
Para extenderle el préstamo, el Bancosur realizó un avalúo de las propiedades de Mena y, tras el estudio realizado por expertos contratados, se determinó que la finca Santa Cruz o Raudal del Diablo, con un área de 705 hectáreas, tendría un precio en el mercado de 2,283,000 dólares y; Santa Lucía, de 74 hectáreas, costaba alrededor de los 100,000 dólares.
Con esas cifras, Bancosur no dudó en otorgar el préstamo a Mena. Para ello, esa institución desembolsó el dinero de una cartera que el Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI) tenía en el Bancosur, la cual estaba dirigida a créditos para los productores dentro de las políticas que esta institución tiene para cubrir los “espacios vacíos” que en esta materia no abarca la banca privada; es decir, los préstamos a largo plazo.
Los problemas financieros del Bancosur comenzaron a surgir, mientras Mena cumplía con las plazos fijados para las cuotas de pago. La quiebra del banco se dio en junio de 1999, sin que Mena haya cancelado la deuda. A esa fecha, los intereses acumulados más el capital principal sumaban un total de 1,700,000 dólares.
El día 19 de junio de 1999, la Superintendencia de Bancos intervino al Bancosur y, según el gerente general del FNI, William Otto Pfaeffle, esta institución recuperó su cartera completamente en propiedades, las cuales dispuso licitarlas inmediatamente, entre ellas, las del productor Mena.
“Todo lo que nosotros recibimos en pago del Bancosur, que fue el único banco que tuvo problemas y que nosotros recuperamos esa cartera, todas las recuperaciones que hemos tenido, que no han sido en efectivo sino en propiedades. Nosotros las ponemos en licitación inmediatamente, es una de las normas prudenciales de la SIB, porque no podemos quedarnos con esas propiedades, tenemos que licitarlas inmediatamente”, aseguró Pfaeffle.
“Se pusieron a licitación, se han vendido dos fincas. Vamos a sacar otra licitación de otras fincas que no se han vendido. No es eso un mandato de la Junta Directiva (del FNI), sino de las normas prudenciales de la SIB. Tenemos un plazo de un año para vender esas propiedades. Las vendemos en licitación pública de acuerdo a las regulaciones de la Contraloría”, agregó.
PROPIETARIO CON LAS OREJAS FRíAS
Los detalles de la licitación aún no han podido ser conocidos por LA PRENSA, sin embargo sí se sabe que ocurrieron serias anomalías durante el proceso final de adjudicación de esas propiedades.
Por ejemplo, Mena fue finalmente llamado por el FNI para deslindar responsabilidades sobre el resto del monto a pagar. Según una fuente muy vinculada al productor sancarleño y quien pidió no identificarse, en ese momento él no podía pagar los 1,700,000 dólares en efectivo y en una sola partida. Por eso, ofreció las propiedades en “dación en pago” y, además, simultáneamente propone un contrato de arriendo con opción a compra para abonar en cuotas y así pagar en efectivo, cuestión que interesaba al FNI.
Tras aceptar, la financiera celebró un “contrato de arrendamiento” con Mena, el cual tenía una vigencia de seis meses, que vencían el 10 de octubre del 2000. De acuerdo a lo acordado, pagaría por manzana un total de 25 dólares de alquiler, es decir, por las 779 hectáreas que suman las dos propiedades, Mena pagaría un total de 27,654 dólares al mes, según lo contenido en el folio 272 del tomo 102 del Registro de la Propiedad de San Carlos.
Sin embargo, Mena no siempre pagó conforme, razón que el FNI aprovechó para licitar las propiedades sin notificarle la terminación del compromiso. Es decir, la licitación y venta de las propiedades que Mena ahora arrendaba al FNI se dio a espaldas de este productor, según él aseguró a LA PRENSA.
De acuerdo a un documento legal que llegó al Registro de la Propiedad de San Carlos, para que se inscribiera la compra-venta en los libros respectivos, la licitación y subasta se llevó a cabo a las 3 de la tarde, del 10 de octubre del 2000, o sea, el mismo día que vencía el contrato de arriendo con opción a compra que Mena y el FNI habían suscrito.
Dos anuncios de licitación pública de las fincas fueron publicados en LA PRENSA y El Nuevo Diario, en julio y septiembre del mismo año.
LA PRENSA ha intentado hablar con Mena al respecto, pero él se ha negado a brindar mayor información. Lo único que afirmó categóricamente fue: “No sabía que habían vendido mis fincas. Todavía las tengo yo, en dominio y uso”.
COMPRA “A GUATE MOJADO”
Pese a esa aseveración, LA PRENSA pudo constatar in situ que en noviembre del año pasado, llegó al Registro Público de la Propiedad de San Carlos un documento que hacía constar la compra-venta de las fincas Santa Cruz o Raudal del Diablo y Santa Lucía.
El mismo también informaba que la venta era producto de una licitación pública que había ganado la empresa Desarrollo Ganadero y Turístico S.A. La venta se efectuó en Managua, a las 3 de la tarde del 10 de octubre del 2000, ante el abogado y notario, Alfredo Gómez Espinoza.
Asimismo, decía que la venta la autorizaban los señores Noel Ramírez Sánchez, Esteban Duque Estrada, Mario A. De Franco Montalván, Pedro Lacayo y Julio Rivera O., todos funcionarios del gobierno del Presidente Alemán, quienes actuaban en ese momento como miembros de la Junta Directiva del FNI.
Lo significativo de este acto es que la finca Santa Cruz o Raudal del Diablo, la cual había sido valorada en 2,283,000 dólares, y la Santa Lucía, que costaba 100,000 dólares, habían sido vendidas en 300,000 y 20,000 dólares respectivamente. O sea, a un precio que equivale al 13.4 por ciento de su valoración financiera.
Una sociedad fantasmal
La sociedad anónima Desarrollo Ganadero y Turístico (Desgantur) es presidida según los documentos oficiales por el señor Armando José Guillén Castillo, abogado de profesión y nicaragüense ex residente en Miami, Estados Unidos.
Esta empresa es una “institución fantasma” porque no tiene edificio sede ni personal, según confirmó una investigación de LA PRENSA.
Según las operadoras del 112 de Enitel, nadie ha registrado un número telefónico a nombre de esa empresa, cuando debe ser normal que se haga una vez que se inicien las operaciones financieras, principalmente si su domicilio está en la capital, tal y como lo establece el acta constitutiva.
Asimismo, como una parte de esta empresa se dedica supuestamente al turismo, debió registrarse ante el Instituto de Turismo (Intur) para operar, de acuerdo a los artículos 32 y 36 (inciso 2) de la Ley 298 o Ley Creadora del Intur, la cual obliga a eso.
“No tenemos registrada ninguna empresa llamada así”, dijo categóricamente la licenciada Noelia Sánchez Valdivia, funcionaria de Intur.
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