- En Granada, la APC busca anular sentencia de la CSJ que manda a devolver el Club Social a los socios
Gretchen Robletoy Pedro Vindell [email protected]@laprensani.com
GRANADA.- La resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordena devolver las instalaciones del Club Social de Granada a los socios motivó a la Asociación de Promotores de la Cultura (APC) a introducir un incidente de nulidad en el Juzgado de Distrito de lo Civil en Granada.
La Jueza de Distrito Civil María Cristina Huete dijo que la próxima semana deberá fallar en cuanto a la solicitud de nulidad de la sentencia de la CSJ.
“La entrega material y física del bien inmueble deberá hacerse tarde o temprano”, apuntó la judicial.
El edificio de dos pisos con estructura colonial está valorado en dos millones de dólares y desde el 19 de julio de 1979 ha estado ocupado por la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, hoy APC.
Al respecto, don Carlos Benard, uno de los 200 socios del Club Social y presidente de la junta directiva dijo “seguiremos al pie del arpa, luchando y utilizaremos todos los recursos necesarios para que se dé cumplimiento lo más pronto posible a la ley”.
La juez Huete envió cédula al apoderado general judicial de la Asociación de Promotores de la Cultura (APC) doctor Ernesto Zambrana Sanders y a la representante de la misma, licenciada Emilia Torres Aguilar, notificándoles la sentencia de devolución del Club Social, donde funciona actualmente el Palacio de la Cultura “Joaquín Pasos Argüello”.
NO HAY JUSTA RAZON PARA DEVOLUCION
Pedro Berroterán Castillo, director del Palacio de Cultura declaró que no existe una justa razón para devolver la Casa de Cultura de la cual eran socios: “un grupo selecto de granadinos cuando fue el Club Social y por el cual no podían pasar los que no eran de su clase, ni siquiera por la acera del local”, manifestó.
Agregó que “desde hace más de 20 años aquí hemos fomentando la cultura con la participación de los niños y los jóvenes, lo abrimos a todos los sectores e inclusive las instituciones de gobierno y los organismos gremiales han venido realizando sus actividades”.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
La sentencia de la CSJ es basada en el marco de un proceso ordinario de acción reivindicadora, nulidad de instrumento público y cancelación de asiento registral de la propiedad promovida por el Estado de Nicaragua, representado por la Procuraduría de Justicia.
