Mario Quintana Flores
En junio de 1999 se elaboró y aprobó la Estrategia Nacional de Educación y en diciembre del 2000, el Plan Nacional de Educación.
Los primeros seis meses del 2001 son decisivos para mostrar que la Estrategia y Plan Nacional de Educación son más que documentos de buenas intenciones y de deseos, más que una carta al Niño Dios.
Las acciones prácticas determinarán cuál es exactamente la voluntad política y el compromiso en primer lugar del gobierno, pero también de las autoridades de las instituciones de educación (Ministerio de Educación, Instituto Nacional Tecnológico y Consejo Nacional de Universidades) y de los diversos sectores de la sociedad civil (Universidades privadas, Foro de Educación y Desarrollo Humano, Movimiento Pedagógico Nacional, Empresa Privada, Iglesias y sindicatos del sector educación, entre otros), para que todos los nicaragüenses tengan acceso a una educación de calidad y que les sea útil para la vida.
En el mismo Plan de Educación se contempla que esas acciones deberán ser:
1.- Reforma al Decreto Creador del Consejo Nacional de Educación, de manera que permita la incorporación de los organismos y organizaciones que han trabajado en la elaboración de la Estrategia y Plan Nacional de Educación, pero también de otros que han estado ausentes: representantes de Padres de Familia, Estudiantes y de los gobiernos locales. Por igual reforma de las funciones, la organización y funcionamiento del mismo, a fin de que todos, en igualdad de oportunidades sean sujetos en la planificación, control y seguimiento, y evaluación del Plan en cuestión.
2.- Creación de una Secretaría Técnica, que tenga a su cargo la elaboración de propuestas de planes operativos derivados del Plan Nacional de Educación, así como la asesoría, seguimiento y evaluación de dichos planes.
3.- Diseño de programas y proyectos, con sus respectivas metas, cronogramas, indicadores de avance, tiempos de ejecución, responsables y estimados de costos; traduciendo así el Plan Nacional de Educación en planes operativos que se constituyen en el punto de partida para la consecución de recursos.
4.- Integración de los Consejos de Educación en cada una de las instituciones educativas en los distintos niveles, lo mismo los Consejos Departamentales, Municipales y del centro de estudio, para que trabajen con el mismo espíritu y funciones del Consejo Nacional de Educación, adecuadas en cada instancia y nivel.
5.- Difusión en el nivel nacional, departamental, regional y local, del contenido del Plan Nacional de Educación. Pero fundamentalmente la adopción por parte de los gobiernos locales recién electos y de los candidatos a la presidencia y diputados, así como los partidos y demás fuerzas políticas, económicas y sociales del país, de dicho plan, como un Plan de Estado Nación y que el mismo se constituya en un punto central en las plataformas de gobierno propuestas y en la agenda de discusión en el más alto nivel y en todos los niveles.
6.- Elaboración y presentación a la Asamblea Nacional en forma consensuada, entre quienes han trabajado en la formulación de la Estrategia y Plan Nacional de Educación, del anteproyecto de Ley General de Educación.
El mismo deberá contener los aspectos fundamentales que sean el sustento jurídico del sistema educativo: fines, principios y objetivos de la educación, la organización del sistema educativo, currículos, administración, calendario escolar, participación de los sectores de la sociedad, deberes y derechos de los docentes, de los estudiantes y padres de familia, el financiamiento a la educación, etc.
7.- Discusión y difusión del plan con organismos multilaterales y bilaterales en la búsqueda de asesoría y apoyo económico para los diversos programas y proyectos.
8.- Incremento del Presupuesto de la República para la educación. El Ministro de Hacienda y Crédito Público ha señalado, que con el ingreso de Nicaragua en la iniciativa HIPC se liberarán cerca de 150 millones de dólares del pago de la deuda externa y que por tanto la ley de presupuesto del 2001 será reformada. Por otra parte existe el acuerdo de la Asamblea Nacional -en la ley de presupuesto del 2001- de que los recursos liberados serán invertidos en el sector social.
Esta es una oportunidad para que el inicio de una inversión sensible y estratégica en educación sea materializada.
Y todo ello también en función del desarrollo humano de la persona, pero también que la educación sirva al país para reducir sensiblemente los niveles de pobreza y de miseria, e iniciar de una vez y para siempre el camino del desarrollo sostenible, que pasa por la paz, una democracia verdadera, la lucha en contra de la corrupción y la justicia social.
Todos debemos estar atentos del cumplimiento de esta agenda, a partir de éste mes de enero, inicio del nuevo siglo, el XXI.
